La Plataforma Ciudadana de las CA008 y afectados por las rehabilitaciones fallidas en materia de eficiencia energética en La Piñera ha denunciado públicamente lo que considera una “instrumentalización” del grave problema que atraviesan los vecinos de esta barriada de Algeciras.
Según el colectivo, las delegadas municipales Yéssica Rodríguez y Patricia Bueno, bajo el mandato del alcalde José Ignacio Landaluce, han dilatado durante años las soluciones comprometidas, lo que, a su juicio, evidencia una gestión ineficaz ante la situación que afecta a 144 familias.
La Plataforma asegura que, tras conocer que los vecinos habían comenzado a organizarse la pasada semana y anunciado movilizaciones, el Ayuntamiento habría mantenido reuniones “a la desesperada” con personas que, según subrayan, no cuentan con representación autorizada para negociar en su nombre.
El colectivo vecinal afirma que ni Juan José Fluxá, ni Elena Abad —ambos vinculados juntos en su día a la formación política Ciudadanos—, ni el representante de la asociación vecinal la Amistad que acudió al encuentro, están autorizados para hablar o negociar sobre los problemas de las viviendas CA008 bajo ningún concepto.
En este sentido, advierten de que no permitirán que su situación sea utilizada para “intereses ajenos” y recalcan que cualquier interlocución con administraciones u organismos deberá contar con el respaldo expreso de la Plataforma.
Los vecinos han iniciado una serie de actuaciones que incluyen la elaboración de un calendario de movilizaciones y acciones ante instituciones públicas, además de la solicitud de encuentros de trabajo formales con organimos e instituciones que puedan estar implicados de una manera u otra en sus problemas.
144 familias en riesgo por el estado de las viviendas CA008
La Plataforma sostiene que existen “dos gravísimos problemas” sobre la mesa. El primero afecta a 144 familias que, según denuncian, se encuentran “al borde del abismo” ante el deterioro estructural de los edificios, con varios inmuebles ya desalojados.
El colectivo señala que algunas personas, por su especial vulnerabilidad o avanzada edad, no pueden acceder a un contrato de alquiler, requisito exigido por el Ayuntamiento para optar a una ayuda de 600 euros, lo que incrementa la incertidumbre sobre su futuro habitacional.
Advierten de que muchas de estas familias afrontan un escenario con altas probabilidades de quedarse sin hogar si no se adoptan soluciones inmediatas desde las instituciones implicadas.
Rehabilitaciones de eficiencia energética bajo sospecha
El segundo problema denunciado se refiere a las rehabilitaciones ejecutadas con fondos públicos en varios edificios de la barriada, actuaciones que califican de “fallidas y chapuceras”.
Según la Plataforma, las obras realizadas en el marco de proyectos de eficiencia energética habrían sido ejecutadas de forma deficiente por empresas constructoras que, aseguran, no están ofreciendo respuestas ni soluciones a los graves desperfectos detectados, agravados mas si cabe en los últimos meses.
El colectivo lamenta además la falta de respuestas institucionales ante estos hechos y exige responsabilidades por unas actuaciones sufragadas con dinero público que, sostienen, han agravado la situación en lugar de resolverla.
