El salón de plenos del Ayuntamiento de Los Barrios ha acogido este martes una sesión extraordinaria convocada por la Secretaría General de la institución, en cumplimiento del artículo 46.2.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, después de que el grupo municipal del PSOE solicitara su celebración y la Alcaldía no la convocara dentro del plazo legalmente establecido.
El principal asunto del orden del día ha sido la propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre el procedimiento judicial que se encuentra en fase de instrucción por un presunto delito de prevaricación que afecta al alcalde, Miguel Alconchel, y a la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, en relación con la autorización del uso de la plaza de toros durante los eventos de la Navidad de 2025.
Tras el debate entre los grupos municipales, la propuesta ha sido aprobada con el respaldo unánime de toda la Corporación.
Los grupos respaldan la investigación sobre la plaza de toros
El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha defendido la creación de la comisión como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Ha señalado que este instrumento permite a la oposición fiscalizar la gestión del equipo de gobierno y ha planteado dudas sobre por qué en 2025 no se licitó el uso de la plaza de toros, pese a existir más de una empresa interesada, así como sobre la utilización por parte de un privado de la marca pública “Montera Forum”.
Por parte de Vox, Celia Fuentes ha apoyado la investigación al considerar que una comisión de este tipo no prejuzga el procedimiento judicial, sino que busca esclarecer posibles responsabilidades políticas. Asimismo, ha defendido que el objeto de la investigación se limite a los eventos navideños de 2025, aunque ha criticado la iniciativa del PSOE, calificándola de “circo político” y “teatrillo”.
Antonio Emilio González, portavoz de Movimiento Barreño, ha lamentado que el pleno extraordinario haya tenido que ser convocado por el secretario municipal y no por la Alcaldía dentro del plazo previsto. También ha respaldado el esclarecimiento del procedimiento administrativo, subrayando que la comisión no sustituye el trabajo de la justicia.
El PP defiende la presunción de inocencia de los investigados
En representación del Partido Popular, Antonio Dávila ha manifestado el respeto de su grupo al procedimiento judicial y ha apelado a la presunción de inocencia de Miguel Alconchel y Sara Lobato. Además, ha asegurado que el Ayuntamiento está facilitando toda la documentación requerida y que la prioridad del equipo de gobierno es garantizar la estabilidad institucional y el servicio a la ciudadanía.
Durante su intervención, el alcalde, Miguel Alconchel, ha afirmado sentirse «muy tranquilo» y ha explicado que incluso ha solicitado que se adelante su declaración judicial. También ha asegurado que la denuncia responde a una intención política y ha reconocido que no convocó el pleno para disponer de más tiempo en la preparación de su defensa, al entender que la normativa ya contemplaba su convocatoria automática.
Alconchel ha insistido en que el asunto investigado responde únicamente a una cuestión administrativa y ha rechazado cualquier relación con casos de corrupción, asegurando que en este procedimiento «no hay ningún tipo de corrupción».
Información sobre los requerimientos de la UDEF
En el segundo punto del orden del día, el alcalde ha informado al pleno sobre los requerimientos realizados en las últimas semanas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Guardia Civil al Ayuntamiento de Los Barrios.
Estos requerimientos están relacionados con las contrataciones efectuadas con la empresa Diviértete, entidad que está siendo investigada por la presunta comisión de varios delitos. Alconchel ha señalado que el Consistorio ha entregado toda la documentación y los expedientes solicitados, mostrando desde el primer momento su colaboración con los investigadores.
El alcalde ha recordado que la causa continúa bajo secreto de sumario y ha indicado que el Ayuntamiento esperará al avance del procedimiento judicial antes de decidir si la institución municipal se persona o no en la causa.
