La Audiencia Provincial de Badajoz ha hecho pública este martes la sentencia por la que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al considerarlo autor de un delito de prevaricación administrativa.
La resolución judicial también condena al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a la misma pena de inhabilitación por los hechos enjuiciados, relacionados con el proceso de creación y adjudicación del puesto que ocupó David Sánchez en la institución provincial.
Según recoge la sentencia, el tribunal aprecia la existencia de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico en torno a la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, motivo por el que impone la condena por prevaricación administrativa, sin que ello lleve aparejada pena de prisión.
La sentencia se centra en la contratación de David Sánchez
El procedimiento judicial ha analizado la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, donde desempeñó funciones vinculadas inicialmente a los conservatorios provinciales y posteriormente como director de la Oficina de Artes Escénicas.
Durante el juicio comparecieron numerosos testigos y las partes defendieron posiciones opuestas. Mientras las acusaciones sostuvieron que la plaza fue creada de forma irregular para favorecer al acusado, la Fiscalía interesó la absolución al entender que no quedaban acreditados los delitos imputados.
Finalmente, la Audiencia Provincial ha considerado probado el delito de prevaricación administrativa, dictando una condena de nueve años de inhabilitación tanto para David Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo.
La resolución podrá ser recurrida
La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante la instancia judicial superior correspondiente, de acuerdo con los cauces previstos en la legislación procesal.
Con esta resolución concluye la fase celebrada ante la Audiencia Provincial de Badajoz de uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política de los últimos meses, al afectar al hermano del presidente del Gobierno.
La condena implica la inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público, así como la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo fijado por la sentencia, al considerar acreditado el delito de prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.
