El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la portavoz socialista, Rocío Arrabal, contra la modificación de las Ordenanzas Fiscales aprobadas en diciembre de 2023, respaldando así la gestión del Gobierno municipal de Algeciras.
La sentencia, fechada el pasado 9 de abril, valida la legalidad del procedimiento seguido por el Ayuntamiento y concluye que las decisiones adoptadas fueron plenamente conformes al ordenamiento jurídico, rechazando todos los argumentos planteados por la oposición.
Rechazo a la vulneración de derechos
El fallo judicial determina que no existió vulneración del derecho a la participación política, uno de los principales motivos del recurso presentado por el PSOE. El tribunal subraya que fue la propia Arrabal quien propuso la celebración del Pleno el 28 de diciembre de 2023, evidenciando contradicciones en su posterior impugnación.
Asimismo, el TSJ descarta irregularidades en la tramitación del expediente, indicando que, en el peor de los casos, se trataría de cuestiones formales sin entidad suficiente para invalidar el procedimiento. La Sala concluye que no hubo defectos sustanciales que afectaran a la legalidad de las ordenanzas fiscales.
Aval al uso de medios digitales
En relación con la publicación del expediente, otro de los aspectos recurridos, la sentencia respalda el uso de medios digitales, señalando que la normativa vigente no exige la publicación en prensa escrita tradicional.
El tribunal considera que la difusión realizada fue adecuada y suficiente, cumpliendo con los requisitos legales establecidos para este tipo de procedimientos administrativos.
Imposición de costas y valoración municipal
Como consecuencia de la desestimación total del recurso, el TSJ impone a la parte recurrente el pago de las costas procesales, fijadas en hasta 1.000 euros.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha valorado positivamente la resolución, asegurando que “se confirma que el trabajo realizado por este Gobierno municipal ha sido riguroso, legal y orientado al interés general de la ciudad”.
Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha destacado que el fallo “ratifica la confianza en el trabajo técnico y jurídico realizado desde el Ayuntamiento”, subrayando la importancia de estas ordenanzas para la estabilidad económica local.
Cierre del debate judicial
Desde el Gobierno municipal consideran que esta sentencia supone una validación tanto jurídica como política de su gestión, frente a lo que califican como un intento de bloqueo institucional por parte del PSOE.
Con este pronunciamiento, el TSJ cierra el debate judicial en torno a las ordenanzas fiscales, consolidando la hoja de ruta económica del Ayuntamiento y sentando las bases para el saneamiento de las cuentas municipales y el desarrollo de la ciudad.
