El traslado de la conservera de Tarifa a El Brocón continúa avanzando mientras persisten diferencias entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía sobre el procedimiento ambiental que debe aplicarse al proyecto. Verdes de Europa Tarifa ha registrado este 26 de octubre una reclamación ante ambas administraciones para exigir que se aclare esta contradicción y se hagan públicas las autorizaciones que respaldan las actuaciones.
La discrepancia se encuentra en dos documentos administrativos. Un informe del arquitecto municipal, fechado el 3 de abril de 2025 e incorporado al acuerdo de aprobación del proyecto de actuación, establece que la actividad requiere una autorización ambiental unificada simplificada, cuya tramitación corresponde a la Administración autonómica. El Ayuntamiento también consideró indispensable esta autorización para conceder la licencia de actividad.
Sin embargo, la Delegación Territorial de Medio Ambiente sostuvo en una respuesta del 16 de octubre de 2026 que el proyecto no figura en los anexos I ni II de la Ley de Evaluación Ambiental. Según su interpretación, el procedimiento correspondiente sería una calificación ambiental de competencia municipal. Verdes de Europa considera necesario determinar cuál de los dos criterios resulta aplicable y qué controles se han realizado.
El traslado a El Brocón avanza con una inversión anunciada de 8,4 millones
La reclamación llega acompañada de nuevas fotografías de los terrenos de El Brocón, en las que se observan una estructura metálica levantada, maquinaria y superficies acondicionadas. Estas imágenes reflejan el avance material de las actuaciones y llevan a la formación a solicitar información sobre las licencias y autorizaciones que las amparan.
En las fotografías también aparece un cartel que identifica el proyecto como «Traslado, ampliación y mejoras tecnológicas de industria de manipulación y envasado», promovido por Industrial Conservera de Tarifa, S.L.U. El anuncio incorpora la mención «Financiado por la Unión Europea» y señala una inversión total de 8.416.329,82 euros.
Verdes de Europa subraya que esa cantidad corresponde a la inversión anunciada y no necesariamente al importe de la subvención. El cartel no especifica el fondo europeo utilizado, el porcentaje financiado ni las cantidades concedidas o abonadas. Por ello, reclama identificar el expediente de ayuda, el organismo responsable de su gestión y los controles ambientales asociados a la financiación.
La Junta no dispone de determinados informes ambientales del proyecto
Otro de los aspectos señalados por la formación procede de la propia respuesta autonómica. La Delegación Territorial comunica que no dispone de una solicitud de tramitación o consulta del promotor, ni de los informes técnicos y jurídicos, estudios y evaluaciones correspondientes al expediente municipal.
Entre la documentación que la Junta afirma no tener figuran los análisis relacionados con posibles afecciones a la Red Natura 2000 y los estudios sobre efectos acumulativos o combinados con otras actuaciones. La organización aclara que esta circunstancia no demuestra que esos informes no existan en el Ayuntamiento, aunque considera necesario comprobar su contenido y la coordinación entre ambas administraciones.
La portavoz de Verdes de Europa Tarifa, Rosmarie Hennecke, advierte de que la exclusión de un proyecto de los anexos de evaluación ambiental no supone automáticamente que quede exento de las obligaciones de protección de Red Natura 2000. La formación también solicita aclarar qué normativa resulta aplicable tras la entrada en vigor de la nueva legislación ambiental andaluza y cómo influyen sus disposiciones transitorias.
La intervención del Ministerio de Transición Ecológica
Las gestiones para conocer las posibles repercusiones ambientales del traslado se remontan al 19 de enero de 2025, cuando Verdes de Europa solicitó la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), planteando las posibles afecciones del proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000.
La unidad ministerial consultada respondió que sus competencias de evaluación ambiental se limitan a planes y proyectos de ámbito estatal, por lo que no le correspondía emitir la valoración solicitada. La organización señala que esa contestación no equivale a una evaluación ambiental ni acredita que los posibles efectos hayan sido examinados por otra administración.
Ante los nuevos documentos y las diferencias detectadas, Verdes de Europa reclama trasladar al MITECO los antecedentes actualizados para que determine si procede alguna actuación o mecanismo de cooperación. También pide identificar la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya referencia aparece en el cartel de financiación junto a las de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Las consultas sobre la financiación europea siguen sin respuesta de fondo
La formación asegura que lleva desde enero de 2025 solicitando información a organismos relacionados con los fondos europeos para conocer las condiciones económicas y administrativas del traslado de la industria conservera.
Dentro de esas gestiones, el Ministerio de Hacienda acusó recibo de las comunicaciones el 13 de julio de 2026 y anunció su traslado, aunque sin precisar en aquella contestación el organismo destinatario ni resolver las cuestiones planteadas. Según la documentación expuesta por Verdes de Europa, continúa pendiente una respuesta de fondo sobre la financiación del proyecto.
La organización también solicita facilitar el acceso público a los informes, consultas, alegaciones, resoluciones y modificaciones de la actuación. Recuerda que presentó una petición de información al Ayuntamiento el 13 de octubre de 2026, que todavía se encuentra dentro del plazo ordinario de respuesta, y reclama un seguimiento documental que permita conocer las decisiones adoptadas.
La conexión del traslado de la conservera con el convenio de Granparcela
Verdes de Europa también sitúa el proyecto dentro de los antecedentes urbanísticos del frente litoral de Tarifa. Según la documentación aportada, el borrador del convenio con Granparcela, S.L. incluía expresamente, en su cláusula décima, una referencia al traslado de la fábrica «La Tarifeña», así como a la facilitación de las autorizaciones, el proyecto de actuación y las licencias necesarias.
Aquel convenio no llegó a continuar su tramitación. El Ayuntamiento acordó desistir del procedimiento mediante un Decreto de Alcaldía de 26 de septiembre de 2024, que dispuso su archivo. No obstante, el traslado de la actividad industrial a El Brocón siguió su recorrido administrativo y obtuvo la aprobación de su proyecto de actuación el 9 de mayo de 2025.
Para la formación, esta secuencia hace necesario aclarar la relación entre ambas iniciativas. El avance del traslado después del archivo del convenio no demuestra que este siga vigente ni que continúe toda la transformación urbanística del litoral. Sin embargo, Verdes de Europa reclama conocer qué actuaciones mantienen su tramitación y sobre qué fundamentos administrativos.
Verdes de Europa propone recuperar el polígono de La Vega
Frente al emplazamiento elegido en El Brocón, la organización propone revisar la posibilidad de trasladar la industria al polígono industrial de La Vega. Recuerda que esta alternativa ya aparecía entre las reivindicaciones de los trabajadores de las conserveras en 2009, cuando plantearon llevar las instalaciones a una zona industrial.
La formación defiende que esa opción debe volver a estudiarse para mantener la producción en Tarifa, preservar los puestos de trabajo y modernizar la actividad en un espacio dotado de los servicios y autorizaciones correspondientes. Su propuesta pretende compatibilizar la continuidad empresarial con las exigencias ambientales.
Verdes de Europa insiste en que la protección del empleo y de la actividad conservera debe abordarse sin considerar resueltas las cuestiones ambientales pendientes en El Brocón. También sostiene que el futuro de la industria no debería quedar condicionado a la transformación urbanística de los terrenos del frente litoral.
La Comisión Europea también recibió una denuncia sobre el traslado
La controversia ha llegado igualmente a las instituciones comunitarias. La Comisión Europea registró la denuncia CPLT(2026)03547, presentada en relación con esta actuación y sus posibles implicaciones. Posteriormente, comunicó su intención de archivarla al considerarla un caso individual y concedió un plazo para presentar observaciones.
Verdes de Europa considera que la nueva información administrativa y las fotografías de las actuaciones pueden incorporarse a esas observaciones. En cualquier caso, el registro de la denuncia no implica que la Comisión Europea haya declarado la existencia de una infracción.
Con la reclamación registrada este 26 de octubre, la formación pide al Ayuntamiento de Tarifa y a la Junta de Andalucía que aclaren sus diferentes criterios, comprueben las autorizaciones y permitan conocer los fundamentos ambientales y financieros del traslado. Su planteamiento mantiene como prioridades la continuidad de la conservera, la protección de los trabajadores, las garantías ambientales y el uso adecuado de los fondos públicos.
