Verdes de Europa-Tarifa ha anunciado que prepara una impugnación contra la comunicación remitida el 4 de noviembre por la Delegación Territorial de Medio Ambiente en relación con el traslado y ampliación de Industrial Conservera de Tarifa desde La Chanca hasta El Brocón.
La organización considera insuficiente la respuesta de la Junta y sostiene que la Administración debería explicar qué comprobaciones técnicas ha realizado y con qué documentación para valorar los posibles efectos ambientales de la actuación.
Verdes subraya que su posición pasa por defender la continuidad de la actividad conservera y sus puestos de trabajo, pero considera que esa permanencia debe garantizarse en un emplazamiento adecuado y con todas las garantías ambientales.
Verdes reclama comprobaciones sobre Red Natura 2000
La formación cuestiona que se exija a asociaciones y ciudadanos aportar elementos técnicos concluyentes mientras, según afirma, no se concretan las verificaciones efectuadas por la propia Administración para descartar posibles afecciones a espacios protegidos de Red Natura 2000.
Su portavoz, Rosmarie Hennecke, defiende que las entidades ciudadanas pueden presentar información y documentación, pero sostiene que las evaluaciones y comprobaciones ambientales corresponden al promotor y a las administraciones competentes.
Verdes insiste en que no solicita una paralización automática del proyecto, sino conocer los datos utilizados para determinar su viabilidad y que cualquier decisión se adopte sobre comprobaciones verificables y debidamente documentadas.
Diferencias sobre el procedimiento ambiental de la conservera
La organización señala además la existencia de criterios distintos entre administraciones sobre el instrumento ambiental aplicable y reclama que se aclare qué procedimiento corresponde al proyecto y qué normativa debe aplicarse teniendo en cuenta los cambios legislativos producidos.
Verdes pide igualmente transparencia sobre la relación del traslado con otros proyectos urbanísticos del frente litoral y sobre la financiación prevista, así como acceso a los informes, autorizaciones y decisiones administrativas vinculadas a la actuación.
La formación anuncia que trasladará la nueva respuesta y su impugnación a la Comisión Europea y reclama una mayor coordinación entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía para compatibilizar la protección ambiental con la continuidad de la actividad industrial y del empleo.
