El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción debatirá esta tarde, durante la celebración del Pleno ordinario, una moción presentada por La Línea 100×100 para solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía un modelo de financiación sostenible de la dependencia. La iniciativa pretende garantizar recursos suficientes para los servicios de atención a personas mayores, personas con discapacidad y usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La propuesta se fundamenta en un manifiesto elaborado a través de una mesa de diálogo en la que han participado administraciones, entidades prestadoras de servicios y representantes de los trabajadores. El documento recoge una reivindicación compartida: establecer una financiación suficiente y estable que permita mantener la calidad asistencial y mejorar las condiciones económicas y laborales de los profesionales del sector.
La moción plantea doce acuerdos dirigidos a reforzar la cooperación entre las administraciones, adecuar los recursos económicos a los costes reales de los servicios y favorecer la negociación colectiva. También propone mecanismos de actualización de la financiación y medidas para reducir las desigualdades laborales entre municipios y territorios andaluces.
Financiación de la dependencia: estabilidad y costes reales
Entre las principales reivindicaciones figura la petición al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para que acuerden una senda plurianual de financiación. El objetivo es facilitar la planificación de los servicios y evitar que su sostenibilidad dependa de incrementos económicos puntuales o de aportaciones que lleguen fuera de plazo.
La iniciativa también reclama que las cantidades destinadas a residencias, centros de día, recursos para personas con discapacidad y servicios de ayuda a domicilio se calculen y revisen conforme a sus costes efectivos, teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de cada modalidad asistencial.
Asimismo, propone establecer mecanismos automáticos de actualización de precios, módulos, conciertos y tarifas. Estas revisiones deberán contemplar factores como los salarios, las jornadas laborales, las cotizaciones sociales, el IPC, las ratios de personal, las sustituciones, los desplazamientos y las nuevas exigencias normativas o de calidad.
Mejoras laborales y profesionalización de los servicios de dependencia
Otro de los aspectos centrales de la moción es garantizar que los incrementos de la aportación estatal se traduzcan en una mayor capacidad de financiación de los servicios por parte de la administración autonómica, manteniendo al mismo tiempo el esfuerzo económico de la Junta de Andalucía.
La propuesta defiende que los recursos públicos permitan asumir los costes derivados de los convenios colectivos y avanzar en cuestiones como las retribuciones, la jornada laboral, la estabilidad en el empleo, la conciliación, la prevención de riesgos y la profesionalización de los trabajadores.
En este ámbito, también se plantea adecuar las categorías y cualificaciones profesionales a las necesidades de cada servicio. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), se propone avanzar en la diferenciación entre las tareas domésticas y las de atención personal, asignando cada función a profesionales con la formación y las competencias correspondientes.
Una Mesa de la Discapacidad y mayor coordinación institucional
La moción incluye la solicitud a la Junta de Andalucía para constituir una Mesa de la Discapacidad integrada en su marco estable de interlocución y negociación colectiva, con participación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector.
También contempla impulsar unas condiciones laborales estructurales más homogéneas en Andalucía, consolidando las mejoras mediante los convenios colectivos sectoriales para evitar desigualdades injustificadas entre municipios y territorios.
En materia de coordinación institucional, se propone crear un mecanismo permanente de seguimiento entre el Estado y la Junta, con objetivos verificables relacionados con la financiación, la cobertura de los servicios, la calidad asistencial, el empleo y la sostenibilidad. A ello se suma el refuerzo de los espacios de diálogo existentes y la creación de ámbitos específicos para mayores, discapacidad y ayuda a domicilio.
La calidad asistencial y las personas dependientes, en el centro
El manifiesto establece que cualquier incremento de financiación deberá evaluarse en función de sus resultados. Entre los indicadores propuestos figuran la estabilidad de los servicios, la mejora de las ratios de personal, la continuidad de los profesionales, la reducción de la rotación, una mayor formación y el cumplimiento de los convenios colectivos.
La finalidad de estas medidas es situar a las personas que reciben atención en el centro del modelo de financiación, favoreciendo unos servicios más seguros, personalizados y adaptados a sus necesidades.
El último de los acuerdos contempla trasladar la iniciativa al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta, al Gobierno de España y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como a las organizaciones integrantes de la Mesa por una Financiación Sostenible de la Dependencia, para promover su conocimiento, adhesión y desarrollo.
Asansull y los representantes sindicales respaldan el manifiesto
El documento que sustenta la moción ha sido suscrito por el Ayuntamiento de La Línea y Asansull, junto con representantes de los comités de empresa de centros de día, residencias y servicios de atención temprana para personas con discapacidad y personas mayores, a través de las secciones sindicales de FSIE, UGT y STR.
También participan representantes del Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo, mediante las secciones sindicales de FSIE y UGT, así como el Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de La Línea, representado por la sección sindical de CCOO.
El manifiesto nace del consenso alcanzado entre las entidades y los representantes de los trabajadores, con la intención de trasladar una reivindicación común a las distintas administraciones públicas. Su debate en el Pleno municipal busca dar respaldo institucional a las propuestas y promover nuevas adhesiones a las medidas planteadas.
