La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde el pasado 21 de julio debido a una incidencia que mantiene al órgano judicial sin conexión a la red. El sindicato asegura que, transcurridos 18 días, el problema continúa sin resolverse, afectando al funcionamiento del servicio público de Justicia y a la atención prestada a la ciudadanía.
El delegado de CSIF Cádiz, Manuel Vázquez, ha explicado que la falta de conexión impide utilizar las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia. En concreto, no pueden emplearse los programas Hermes y DICIREG, lo que imposibilita la tramitación de expedientes y la realización de inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil.
Además, el juzgado tampoco puede enviar ni recibir correos electrónicos, circunstancia que dificulta la gestión de las numerosas solicitudes y consultas que llegan diariamente, según ha indicado la organización sindical.
CSIF denuncia perjuicios para el Registro Civil y la ciudadanía
Para Manuel Vázquez, esta situación está provocando un grave deterioro en la atención al público, ya que los ciudadanos ven retrasadas sus gestiones y muchas de sus peticiones quedan sin respuesta. Asimismo, ha señalado que el personal funcionario se encuentra completamente limitado para desarrollar su trabajo por causas ajenas a su voluntad.
CSIF ha informado de que, desde el primer día de la incidencia, los funcionarios han comunicado diariamente el problema al Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia en Andalucía, sin que hasta el momento se haya ofrecido una solución efectiva. El sindicato sostiene que estas deficiencias forman parte de un problema recurrente del servicio de soporte técnico.
El CAU depende de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo responsable del mantenimiento y coordinación de las herramientas tecnológicas de la Administración andaluza. Según CSIF, ya se han denunciado en otras ocasiones las dificultades para obtener respuestas ágiles que garanticen el correcto funcionamiento de los órganos judiciales.
Incidencias tecnológicas en la Administración de Justicia
La organización sindical ha señalado además que la incidencia fue comunicada a la Secretaría General Provincial de Justicia en Cádiz, aunque asegura desconocer las actuaciones realizadas para resolver el problema. Para Vázquez, la dificultad para contactar con los responsables competentes evidencia la falta de mecanismos eficaces de respuesta.
CSIF recuerda que esta situación no es un caso aislado. La pasada semana, los juzgados de La Línea de la Concepción permanecieron varios días sin conexión a la red, obligando incluso al Juzgado de Guardia a redactar manualmente autos de libertad al no disponer de acceso a los expedientes digitales ni a los sistemas informáticos habituales.
Una vez restablecido el servicio en La Línea, los funcionarios tuvieron que reproducir posteriormente toda la documentación en formato digital, lo que incrementó la carga de trabajo y retrasó el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales, según ha expuesto el sindicato.
CSIF reclama una respuesta inmediata
Para CSIF, estos episodios ponen de manifiesto las carencias de la denominada Justicia Digital impulsada por la Consejería de Justicia. El sindicato considera que la falta de inversión, la escasa planificación tecnológica y las deficiencias del soporte técnico están deteriorando progresivamente el servicio público y las condiciones de trabajo de los profesionales.
La organización también sostiene que estos problemas se suman a otras deficiencias que viene denunciando desde hace años, como el deterioro de las infraestructuras judiciales, la falta de medios materiales y personales y los retrasos en la ejecución de actuaciones comprometidas.
Por todo ello, CSIF ha exigido la restitución inmediata de las comunicaciones del Juzgado de Paz de Tarifa, la adopción de medidas que eviten nuevas incidencias de este tipo, la depuración de responsabilidades por la falta de respuesta durante más de dos semanas y que la Administración de Justicia andaluza disponga de los medios tecnológicos y humanos necesarios para garantizar un servicio público adecuado.
