Los responsables de Argisa han defendido las subidas de las tarifas del agua y la basura en el Campo de Gibraltar y han respondido a las críticas formuladas durante las últimas semanas por el PSOE de Castellar y el PSOE de Los Barrios. En una comparecencia ante los medios, han explicado que los incrementos responden principalmente a las nuevas obligaciones en materia de residuos, los desequilibrios económicos acumulados y las necesidades de inversión de la empresa pública.
La dirección ha reconocido que los recibos que pagan los ciudadanos han aumentado, aunque ha rechazado que estas subidas puedan analizarse mediante un único porcentaje. Argisa presta cinco servicios diferenciados: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, cada uno con sus propios costes y tarifas.
Los representantes de la empresa han defendido la necesidad de garantizar su estabilidad económica frente a las peticiones de reducir los recibos y aumentar las inversiones. En este sentido, han advertido de que «no se puede prestar un servicio, incrementar la inversión y bajar la tarifa» sin tener en cuenta los costes que supone mantener su funcionamiento.
La ley de residuos concentra buena parte de la subida de la basura
Uno de los principales argumentos expuestos por Argisa se refiere a la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos, que introdujo nuevas obligaciones económicas y ambientales. Entre ellas figura el impuesto al depósito de residuos en vertedero, vigente desde enero de 2023, cuyo impacto fue estimado por la empresa en aproximadamente dos millones de euros.
Según explicaron sus responsables, esta nueva carga fiscal obligó a revisar la tarifa del tratamiento de residuos, con una repercusión aproximada de 25 euros anuales. También recordaron que la actualización tarifaria se había planteado anteriormente, pero no salió adelante en aquel momento, lo que obligó al nuevo gobierno de la Mancomunidad a abordar posteriormente la modificación.
A este incremento se suma la implantación de la recogida separada de residuos orgánicos mediante el contenedor marrón. Aunque Argisa ha recibido financiación europea para adquirir camiones y contenedores, el mantenimiento de este servicio genera gastos permanentes de personal, vehículos y funcionamiento que deben incorporarse a las tarifas de recogida.
Argisa atribuye parte del incremento del agua a una deuda cercana a diez millones
En relación con el recibo del agua, los responsables de la empresa han defendido el plan tarifario aprobado para el periodo 2024-2027, diseñado para corregir los desequilibrios económicos de los servicios. Según señalaron, la congelación de las tarifas entre 2014 y 2021 contribuyó a generar una deuda cercana a los diez millones de euros, que actualmente continúa afrontándose con sus correspondientes costes financieros.
Para ilustrar esta situación, presentaron los datos económicos de las cuentas aprobadas para 2025. Argisa registró un resultado de explotación positivo de 2,02 millones de euros, mientras que los gastos financieros derivados de la deuda se situaron en 1,98 millones. De acuerdo con la explicación ofrecida, estos costes absorben prácticamente el resultado positivo generado por la prestación de los servicios.
La empresa también ha relacionado las modificaciones tarifarias con la grave sequía que sufrió el Campo de Gibraltar. En ese contexto se decidió eliminar temporalmente la gratuidad de los primeros 20 metros cúbicos de agua de la tarifa comarcal, una medida que sus responsables justifican por la necesidad de reducir el consumo ante las restricciones existentes. El propio plan tarifario contempla recuperar completamente esa gratuidad en 2027.
La tarifa comarcal del agua y la igualdad de precios en residuos
Frente a las críticas procedentes de Castellar y Los Barrios, los representantes de Argisa han asegurado que la tarifa comarcal del agua continúa siendo la más barata de las distintas tarifas que gestiona la empresa. Como ejemplo, señalaron que el precio del agua en La Línea de la Concepción sigue siendo superior al aplicado en los municipios acogidos a la tarifa comarcal.
En cuanto a los residuos, defendieron que los municipios abonan las mismas tarifas por los servicios equivalentes, independientemente de su ubicación. Así, indicaron que vecinos de Castellar, Jimena, Tarifa o La Línea pagan lo mismo, aunque prestar el servicio tenga costes diferentes según la distancia al vertedero de Los Barrios, el número de habitantes o la dispersión de los núcleos de población. Recordaron también la particularidad de Algeciras, donde parte de la recogida corresponde a la empresa pública municipal.
Otro de los asuntos abordados fue el incremento del coste del agua en alta aplicado por la Junta de Andalucía en 2024, que supuso aproximadamente dos millones de euros adicionales para el sistema. Argisa explicó que revisó las tarifas correspondientes a los grandes consumidores, especialmente industriales, para afrontar ese gasto sin trasladarlo directamente a los recibos domésticos por ese concepto. La empresa también confirmó que recurrió judicialmente la decisión de la Junta.
Respuesta al PSOE de Castellar y Los Barrios por los recibos
Durante la comparecencia, los responsables de Argisa cuestionaron las declaraciones realizadas por representantes socialistas de ambos municipios y las iniciativas de protesta contra las tarifas. Consideran que las críticas tienen un componente electoral y han rechazado que los municipios pequeños estén soportando costes adicionales en beneficio de los grandes. Según defendieron, la prestación mancomunada permite compartir recursos y compensar las diferencias económicas entre municipios.
Sobre la situación denunciada en Castellar, donde se ha planteado que determinados establecimientos alejados del núcleo urbano podrían afrontar recibos de recogida de basura cercanos a 16.000 euros anuales, explicaron que se trata de servicios exclusivos solicitados por los propios negocios. Estos requieren el desplazamiento específico de un vehículo, por lo que su coste no se reparte entre numerosos usuarios. No obstante, reconocieron que las características de un establecimiento aislado que solo abre los fines de semana podrían no estar suficientemente contempladas en la estructura tarifaria.
En el caso de Los Barrios, los representantes de la empresa relacionaron el estado de las infraestructuras hidráulicas con la ausencia durante años de un canon de mejora. Según expusieron, esta situación habría limitado las inversiones y contribuido al envejecimiento de la red municipal. Utilizaron este ejemplo para advertir de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la congelación de tarifas o la eliminación de ingresos destinados a financiar las mejoras de los servicios.
Argisa reivindica sus empleos y mantiene el plan tarifario hasta 2027
Además de justificar los incrementos, la dirección ha reivindicado el peso económico y laboral de Argisa en el Campo de Gibraltar. Según los datos ofrecidos, la empresa cuenta con más de 570 trabajadores directos y genera otros 500 empleos indirectos a través de contratas y empresas de servicios. Su actividad atiende diariamente a más de 285.000 habitantes y al importante tejido industrial de la comarca.
Sus responsables también destacaron el trabajo de la plantilla durante situaciones extraordinarias, como la pandemia, el apagón y la sequía. Aseguraron que estos episodios demostraron la capacidad de los profesionales para mantener servicios esenciales como el suministro de agua y la recogida de residuos, y subrayaron la importancia de las inversiones en infraestructuras hidráulicas y ambientales.
Preguntados por la posibilidad de congelar los recibos en los próximos ejercicios, no anunciaron ninguna medida en ese sentido y se remitieron al plan tarifario vigente hasta 2027. Defendieron que cualquier modificación debe garantizar la cobertura de los costes y la estabilidad financiera de la empresa. Asimismo, expresaron su disposición a estudiar propuestas concretas a través de los cauces institucionales, insistiendo en que las decisiones sobre las tarifas deben asegurar la continuidad y calidad de los servicios públicos.






