El Tribunal Supremo ha acordado solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, con el objetivo de poder investigarlo por la querella presentada por el alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de coacciones o, de forma subsidiaria, de amenazas.
La decisión ha sido adoptada mediante un auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, quien ha acordado dirigir un suplicatorio a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para solicitar la autorización necesaria que permita continuar con la investigación judicial.
La causa tiene su origen en la querella interpuesta por Landaluce tras una serie de publicaciones difundidas por el eurodiputado a través de su canal de Telegram, en las que, según la investigación, habría condicionado la no difusión de determinadas acusaciones contra el alcalde a que este abandonara su cargo.
La investigación queda pendiente del Parlamento Europeo
Al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo, el procedimiento judicial requiere previamente que la Eurocámara acuerde el levantamiento de la inmunidad parlamentaria mediante el correspondiente suplicatorio. Hasta que esa decisión no sea adoptada, el Tribunal Supremo no podrá continuar con la instrucción de esta causa.
Esta petición constituye el cuarto suplicatorio que el alto tribunal español dirige al Parlamento Europeo en relación con distintas investigaciones abiertas contra el eurodiputado. En otros procedimientos anteriores, la Eurocámara ya autorizó el levantamiento de su inmunidad en varias ocasiones para permitir el avance de diferentes investigaciones judiciales.
La solicitud del Tribunal Supremo se produce después de que, el pasado mes de marzo, la Sala de lo Penal acordara abrir una causa para investigar los hechos denunciados en la querella presentada por el alcalde de Algeciras.
Una causa centrada en las presuntas coacciones a Landaluce
Con este nuevo paso procesal, el Tribunal Supremo traslada ahora la decisión al Parlamento Europeo, que deberá pronunciarse sobre la suspensión de la inmunidad del eurodiputado para que la investigación pueda desarrollarse con normalidad.
Hasta que la Eurocámara resuelva el suplicatorio, el procedimiento permanecerá condicionado a esa autorización, requisito previsto para los miembros del Parlamento Europeo cuando son objeto de actuaciones judiciales en los Estados miembros.
