La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha denunciado la grave situación que atraviesa la atención a las drogodependencias en las cárceles, asegurando que la falta de personal y la descoordinación entre administraciones están dejando sin respuesta a un elevado número de internos con problemas de adicción.
Según el sindicato, en la prisión de Botafuegos la atención recae sobre un equipo multidisciplinar compuesto por un médico —plaza que lleva años sin cubrirse—, un psicólogo que acaba de abandonar el servicio, un administrativo y un trabajador social a tiempo parcial, una dotación que considera claramente insuficiente para atender a un porcentaje elevado de reclusos con problemas de toxicomanías.
El sindicato sostiene que esta situación favorece que las sobredosis continúen cobrándose vidas dentro de prisión, reclamando una actuación urgente de las administraciones competentes.
Atención a las toxicomanías en prisión
ACAIP recuerda que la responsabilidad sobre la atención a las drogodependencias implica a distintas administraciones. Explica que Instituciones Penitenciarias debe velar por la salud y la vida de los internos, mientras que la atención específica en materia de drogodependencias corresponde a la consejería de Salud de la comunidad autónoma, que la desarrolla a través de las diputaciones provinciales.
A juicio del sindicato, esta distribución competencial ha generado un escenario marcado por la burocracia, la falta de coordinación, la escasa inversión y la ausencia de respuestas eficaces, repercutiendo directamente en la atención sanitaria de la población reclusa.
ACAIP también advierte del llamado «triple efecto negativo» del consumo de drogas en prisión, al considerar que afecta a la convivencia entre internos, incrementa las agresiones, amenazas y coacciones contra los funcionarios y pone en riesgo la salud e incluso la vida de los propios reclusos.
ACAIP reclama medidas urgentes
El sindicato asegura que durante años ha trasladado esta problemática a representantes de distintas administraciones e instituciones, entre ellas la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras, la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar y el Defensor del Pueblo Andaluz, sin que, según denuncia, se hayan producido soluciones efectivas.
ACAIP recuerda que la prisión de Botafuegos cerró 2025 con tres internos fallecidos por sobredosis. Según indica, ninguno de ellos participaba en programas de deshabituación y se desconocía la composición de las sustancias que habían consumido.
El sindicato reclama la puesta en marcha de investigaciones policiales, refuerzo de recursos humanos y tecnológicos, programas de intervención, formación y campañas de concienciación, con el objetivo de reducir al máximo el número de víctimas. Asimismo, denuncia que los equipos multidisciplinares están «rotos» en Algeciras y Puerto 2, mientras que asegura que Puerto 1 y Puerto 3 ni siquiera disponen de ellos, preguntando a las administraciones implicadas cuánto tiempo más se prolongará esta situación.
