La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, ha mostrado durante el pleno ordinario de este jueves, 20 de diciembre, último del año, el Informe del Interventor que advierte sobre la necesidad de que se investigue la existencia de posibles “responsabilidades contables” o incluso “penales” en la gestión de la empresa pública ALGESA, tras salir a la luz las conclusiones de unas auditorías que hablan de “no cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para la contratación pública, gastos realizados sin cobertura legal, realización de contratos menores por encima del límite legal permitido (fraccionamiento), así como insuficiencia de justificación en los gastos realizados”.
“Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa, o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, lo pondrá en conocimiento del órgano competente”, leyó textualmente Arrabal del referido informe, en el que también se añade que “se deberán poner en conocimiento de los Tribunales de Justicia ordinarios o del Tribunal de Cuentas, o ambos, dependiendo de los hechos en cuestión”.
Tal y como ha recordado la portavoz socialista durante el pleno, las auditorías conocidas a unos días de que termine el año, aunque el gobierno local del PP lleve meses con ellas en su poder, «ponen de manifiesto un incumplimiento sistemático (de al menos 4 años consecutivos) de la normativa vigente en materia de contratación, así como en la justificación de los gastos realizados, lo cual pudiera derivar en responsabilidad contable y también penal». Y ha insistido en que no se trata, en ningún caso, «de un mero incumplimiento de procedimientos”, como se ha intentado hacer ver desde el equipo de gobierno.
Tras recordar que la bolsa de trabajo en Algesa se ha aprobado «tarde y mal», y tras años de «malas prácticas» en la gestión de una empresa que está siendo investigada actualmente por la Oficina Antifraude, la portavoz del PSOE ha preguntado, sin obtener respuesta, si se ha acudido ya a los Tribunales o al Tribunal de Cuentas. «¿Cómo han estado contratando ustedes? ¿A la carta?», ha preguntado Arrabal, insistiendo en que las auditorías son «concluyentes y demoledoras», y no están basadas en «opiniones», sino en datos objetivos, que ponen en entredicho «la gestión política de un alcalde que practica el caos y la confusión, sin dar la cara ni en este caso ni en ningún otro, como si no fueran con él».
“No hay ningún control para saber en qué se gasta el dinero realmente ALGESA”, ha añadido la portavoz socialista en otro momento del debate de este punto del orden del día, advirtiendo que “esto no se resuelve ni diciendo que se están mejorando los procedimientos ni aprobando una bolsa de empleo faltando el respeto a la oposición… Las irregularidades y los incumplimientos ya están cometidos y avalados por una auditoria externa, a la que no le pueden quitar credibilidad”.
La portavoz del PSOE, que ha instado al gobierno de Landaluce a ser “transparente” y publicar estas auditorías en la web municipal, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ellas, ha pedido que no se minimice tampoco lo que dice el Interventor en su informe, que hay que depurar responsabilidades, y que el alcalde “tiene la obligación” de llevar esto a los Tribunales, “pero como no lo va a hacer, no se preocupen, que ya lo haremos nosotros”.
También hubo tiempo en la última sesión ordinaria del año para recordar la “peligrosa” situación en la que siguen viviendo familias de las CA-8 de La Piñera, en bloques de viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad, y a las que hay que encontrar una solución “ya, antes de que ocurra una desgracia”. Y todo ello en un pleno en el que fueron aprobadas las dos mociones del Grupo Municipal Socialista, aunque una, la referida al barrio del Saladillo, sólo parcialmente, y en el que la portavoz socialista tuvo que argumentar, una vez más, el rechazo del PSOE al “caos económico” del Ayuntamiento bajo el mandato del PP de Landaluce, evidenciado por una evidente falta de previsión, que “obliga” a un reconocimiento de crédito tras otro y por una deuda de en torno a 300 millones de euros, que no deja de aumentar.
Las mociones del PSOE sobre El Saladillo, Los Pastores y El Cobre, aprobadas, aunque no la Policía de Barrio
En el apartado de mociones, el concejal Fran Fernández ha defendido la moción por la que se instaba al gobierno local a «reactivar” la Mesa Técnica del Saladillo (o zona sur de Algeciras); la aprobación de un cronograma con actuaciones de calado que atiendan las peticiones vecinales, y la recuperación de la «Policía de Barrio». Este último punto de la moción ha sido rechazado con los votos en contra del PP, pese a la «sensación de inseguridad» que denuncian los vecinos de la zona, aunque el resto de la moción sí ha sido aprobado.
El también viceportavoz municipal recordó que dicha zona, “un barrio de gente trabajadora, densamente poblado, y que se está viendo castigado por la desigualdad”, no sólo necesita un refuerzo de la seguridad, sino también que desde la Administración se pongan en marcha “medidas urgentes y efectivas” encaminadas a reducir las dificultades de índole económica, laboral y social, que tanto impacto tienen también en la convivencia en El Saladillo.
Tal y como ha recordado el edil, así lo recoge el último informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía y así se lo han trasladado al Partido Socialista los propios vecinos de la zona en diversos encuentros y visitas, la última tras los sucesos violentos que fueron noticia de portada y que el gobierno local de Landaluce trató de “silenciar”, restándoles la importancia que merecen, porque, tal y como ha vuelto a recordar Fernández, “sólo reconociendo y afrontando los problemas se pueden tomar medidas para intentar solucionarlos”.
Por su parte, el también concejal socialista Daniel Moreno ha defendido la otra moción, en la que se reclamaba «el estudio y redacción de un proyecto de remodelación del tráfico rodado entre las barriadas de Los Pastores y El Cobre», a fin de “establecer una vía de circulación de tráfico rodado que discurra por la vía paralela que parte de la intersección del acceso a Cortijo Real-calle Carretera El Cobre, y por las calles Cortijo Vides y Metal, principalmente, facilitando la fluidez de la que ahora se carece en estas barriadas”. Aunque con una adenda del Grupo Popular, la moción ha sido aprobada por unanimidad.
