Verdes de Europa-Tarifa reclama al Ayuntamiento que asuma la conservación de El Cuartón tras la sentencia del TSJA

Verdes de Europa-Tarifa pide al Ayuntamiento el cumplimiento íntegro de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a asumir la conservación de El Cuartón y advierte de posibles responsabilidades legales y económicas

El grupo político Verdes de Europa-Tarifa ha reclamado al Ayuntamiento de Tarifa el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga al consistorio a asumir la conservación de la urbanización El Cuartón.

Según la formación ecologista, el actual equipo de gobierno, integrado por el Partido Popular y NAT (100% Tarifa), estaría utilizando sus competencias “para fines distintos a los previstos por el ordenamiento jurídico”, generando lo que califican como un “caos urbanístico” que perjudica al interés público.

La organización sostiene que la actuación municipal no se ajusta plenamente a lo establecido por la resolución judicial, lo que podría tener consecuencias tanto administrativas como económicas.

Cumplimiento parcial de la sentencia del TSJA

Verdes de Europa-Tarifa recuerda que, mediante un decreto de Alcaldía fechado el 27 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento resolvió dar cumplimiento formal a la sentencia vinculada al expediente 21/2014 de Urbanismo.

Sin embargo, denuncian que dicha resolución se limitó a una mención genérica en el acta plenaria, sin ofrecer información detallada a la ciudadanía sobre el alcance real de la decisión adoptada.

“La referencia al expediente se hace sin explicaciones, como si los vecinos tuvieran la obligación de conocerlo”, señalan desde el grupo, que considera esta práctica un ejemplo de falta de transparencia institucional.

A juicio de la formación, esta supuesta opacidad impediría que la población conozca el posible impacto económico que asumir la conservación de la urbanización podría tener para las arcas municipales y, en consecuencia, para los contribuyentes.

Polémica por el Plan de Autoprotección contra Incendios

La controversia se intensificó el pasado 29 de enero de 2026, cuando el pleno municipal aprobó que un tercero elaborara un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para El Cuartón.

Para Verdes de Europa-Tarifa, esta decisión resulta irregular, al considerar que dicha responsabilidad corresponde directamente al Ayuntamiento de Tarifa y no puede delegarse en terceros.

La formación sostiene que, al delegar esta función, el alcalde estaría firmando un decreto que asume competencias impropias y que podría ser “nulo de pleno derecho”.

Riesgo de demandas y posibles responsabilidades

El grupo ecologista advierte además de un posible aluvión de demandas por parte de propietarios de viviendas que recibieron licencias como suelo urbano consolidado “sin serlo realmente”.

Según la organización, esta situación podría derivar en reclamaciones por daños y perjuicios, lo que implicaría un elevado coste para las finanzas públicas.

La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, afirmó que “el Estado de derecho se basa en la seguridad jurídica” y cuestionó si el alcalde es consciente de que sus decisiones podrían constituir un “desvío de poder” y un acto ilícito.

Medio siglo de irregularidades urbanísticas

Verdes de Europa-Tarifa critica también que el Ayuntamiento no haya aplicado de forma efectiva el Plan de Ordenación Urbana de 1990, lo que, en su opinión, ha permitido décadas de irregularidades en la urbanización.

“Son 50 años de negligencia continuada en una urbanización donde no se ha invertido ni un solo euro”, señalan desde la formación.

El grupo sostiene que el Plan contra Incendios se estaría utilizando como una vía indirecta para obligar a los propietarios a asumir responsabilidades que, legalmente, corresponderían al promotor y a la administración.

Para la organización ecologista, el caso de El Cuartón representa “la punta del iceberg” de una gestión urbanística deficiente en el municipio.

Asimismo, denuncian que tras solicitar información sobre procesos judiciales y sentencias en curso, el Ayuntamiento les habría negado el acceso a parte de la documentación requerida.

Desde el consistorio, por el momento, no se ha emitido una respuesta pública detallada a estas acusaciones.

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