<span;>El grupo político <span;>Verdes de Europa-Tarifa<span;>, sin representación en el Ayuntamiento, ha denunciado presuntas irregularidades en el <span;>expediente de las nuevas viviendas del Plan Ecovivienda<span;>, financiadas con <span;>fondos europeos Next Generation<span;>. Según el colectivo, el Ayuntamiento de Tarifa habría firmado el convenio <span;>fuera del plazo de vigencia de dichos fondos<span;>, además de incumplir varios requisitos medioambientales y de transparencia.
<span;>El partido afirma que <span;>solo tuvo acceso al expediente en julio de 2025<span;>, tras haberlo solicitado en diciembre de 2024 y <span;>acudir al Consejo de Transparencia<span;> para su obtención. Entre las deficiencias detectadas, destacan la <span;>ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental<span;>, un requisito básico de la Unión Europea, así como la <span;>falta de participación ciudadana real<span;>.
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<span;>Según Verdes de Europa, los fondos europeos están condicionados por el <span;>principio DNSH (Do No Significant Harm)<span;>, que obliga a garantizar que los proyectos no causen perjuicios ambientales. En su opinión, este principio “resulta imposible de cumplir” en el caso de Tarifa, señalando que <span;>los vertidos en la playa de Los Lances podrían aumentar<span;> si no se resuelve antes del <span;>30 de junio de 2026<span;> —fecha prevista para la finalización de las viviendas— el problema de saneamiento y su correspondiente estudio ambiental.
<span;>El colectivo también alerta del impacto derivado de la <span;>demolición de los edificios existentes<span;> y del <span;>incremento del consumo eléctrico<span;>, aspectos que consideran “difíciles de solventar en una localidad como Tarifa”.
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<span;>Por otro lado, cuestionan el cumplimiento del <span;>Plan Antifraude municipal<span;>, que califican como “el plan más desconocido del Ayuntamiento”, y aseguran haber detectado “falta de cumplimiento” en varios expedientes. Subrayan que, mientras la ciudadanía debe asumir las consecuencias por incumplimientos de plazos, “las administraciones quedan absueltas”, recordando que el <span;>convenio se firmó el 14 de julio de 2025<span;>, cuando los <span;>condicionantes europeos habían expirado el 26 de diciembre de 2024<span;>.
<span;>La portavoz del grupo, <span;>Rosmarie Hennecke<span;>, lamenta que “subvenciones que pagan todos los europeos se utilicen sin los debidos controles”. Entre las <span;>discrepancias técnicas<span;> halladas, menciona informes contradictorios sobre la <span;>calificación del suelo<span;>, que según el <span;>PGOU es de equipamiento público<span;>, mientras que otro informe lo recalifica para <span;>viviendas de alquiler basándose en la LISTA<span;>.
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<span;>Asimismo, el grupo critica que, aunque los fondos Next Generation exigen <span;>alquileres con una duración mínima de 50 años<span;>, la solicitud municipal solo contempla <span;>15 años<span;>, lo que consideran un indicio de “especulación”. También denuncian que una de las propiedades incluidas en el proyecto <span;>no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad<span;> en el momento de la solicitud, registrándose mediante <span;>decreto de alcaldía del 19 de abril de 2024<span;>.
<span;>“Sabemos la necesidad de viviendas VPO, pero deben ser reales y no un pretexto para quitar equipamientos públicos”, afirmó Hennecke, quien acusa al Gobierno local de “utilizar los fondos a su antojo”.
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<span;>El grupo concluye que <span;>la salud y el interés público deben prevalecer<span;> sobre los intereses políticos, asegurando que seguirán denunciando e informando sobre este y otros casos. En aplicación del <span;>artículo 2 de la Ley de Transparencia de Andalucía<span;>, exigen al Ayuntamiento la <span;>publicación íntegra del expediente en su página web<span;>.
