La organización política critica además la falta de respuesta administrativa y reclama la paralización del proyecto, al considerar que vulnera directivas europeas y principios básicos de participación ciudadana y protección ambiental.
Los Verdes de Europa-Tarifa señalaron haber registrado el pasado 24 de mayo de 2025 un Recurso de Revisión de Oficio ante el Ministerio relacionado con este proyecto. Según explican, el departamento trasladó posteriormente el expediente al Ministerio de Justicia.
La formación asegura que en este organismo ya existen abiertos desde febrero de 2025 otros dos Recursos de Revisión de Oficio contra los Planes Generales de Ordenación Urbana de Tarifa y Barbate, procedimientos que continúan “sin contestación”, pese a que, sostienen, los plazos administrativos “han sido superados con creces”.
Desde el colectivo cuestionan la actuación institucional y se preguntan “dónde ir si el propio Ministerio de Justicia no aplica la legalidad”.
Críticas al Ministerio de Transición Ecológica
Según explican, el Ministerio para la Transición Ecológica respondió a la revisión indicando la imposibilidad de resolver el asunto, argumentando para ello los artículos 41.4 y 47.5 de la Ley 21/2013.
Sin embargo, Verdes de Europa-Tarifa considera que dichos artículos “son contrarios a las sentencias del Tribunal Europeo”, motivo por el que han presentado un nuevo escrito solicitando la paralización del proyecto.
Asimismo, la organización reclama que se informe al IDAE sobre la situación del expediente para proceder, en su caso, a la cancelación de la ayuda europea concedida provisionalmente al proyecto.
La formación sostiene que “es la ciudadanía, por medio de fondos públicos, la que asume el coste”, calificando la situación de “injusta e irresponsable”.
Fondos europeos IDAE y modelo industrial en Tarifa
El grupo político denuncia además una acumulación de proyectos industriales en el municipio, citando entre ellos el caso de la “Conservera”.
En este sentido, afirman que existe una intención de “convertir Tarifa en un polo industrial”, algo que, según sostienen, “no está permitido por las directivas europeas”.
La organización critica igualmente la actuación de responsables políticos y administraciones públicas, a quienes acusa de convertir el “Principio de Precaución” en “una continua burla”.
Rosmarie Hennecke denuncia vulneración del Convenio de Aarhus
La portavoz del grupo político fuera del Ayuntamiento de Tarifa, Rosmarie Hennecke, aseguró que el Convenio de Aarhus de 1998 “ha sido truncado en todas sus vertientes y con alevosía continuada”.
Entre las cuestiones denunciadas, enumeró la “falta de información”, la “falta de participación pública” y la “falta de acceso a la justicia”.
Hennecke criticó además que los ciudadanos “sí son tenidos en cuenta para pagar”, en referencia a posibles costes económicos derivados de daños ambientales o sanciones.
La portavoz también cuestionó declaraciones de representantes políticos que recomiendan acudir a los tribunales en caso de desacuerdo, señalando que “son justamente las administraciones y los políticos quienes deben evitar que se llegue a los juzgados por el interés público”.
