La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, ha lanzado una dura crítica contra el alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), al que acusa de haber convertido su mandato en un ejemplo de abandono institucional, falta de transparencia y presunto clientelismo.
En una comparecencia pública, Arrabal señaló que, en el ecuador del actual mandato municipal (2023-2027), “la ciudad vive una situación desoladora” tras catorce años de gobierno del Partido Popular. Denunció el deterioro visible de las barriadas, con aceras intransitables, boquetes en el asfaltado, falta de actividades y abandono de la juventud.
A ello se suma, según la socialista, “el impuestazo” impulsado por el gobierno local, una deuda municipal que asciende ya a 300 millones de euros y unos servicios públicos cada vez más deficitarios. “Tenemos una ciudad asfixiada, mientras el alcalde prefiere marcharse a Madrid a manifestaciones convocadas por la derecha más extrema que no respeta ni la Constitución ni la democracia”, declaró Arrabal.
Falta de transparencia y desobediencia institucional
La portavoz del PSOE insistió en que Landaluce se niega a entregar documentación solicitada por la oposición, a pesar de los reiterados requerimientos del Consejo de Transparencia. “Incumple sistemáticamente el artículo 23 de la Constitución ocultando información”, afirmó. Según Arrabal, esto forma parte de una estrategia para tapar lo que califica como “nefasta gestión municipal”.
Contratos a medida y duplicidades
Uno de los ejes de sus críticas fue la gestión de contratos públicos, donde Arrabal denunció “contratos a medida para amiguetes”, duplicidades y adjudicaciones opacas. Puso como ejemplo el servicio de gimnasia para mayores, adjudicado a una empresa que, según advirtió hace ocho meses, “fue beneficiada por un procedimiento negociado diseñado específicamente para ella”. A esta adjudicación se suma, dijo, un segundo contrato similar tramitado mediante convenio por otra delegación, sin que se expliquen las razones de esta duplicidad.
También criticó el contrato del servicio de grúa, adjudicado por emergencia y prorrogado “de manera irregular”, con tarifas elevadas y pagos adicionales a la empresa adjudicataria, lo que,según ella, repercute directamente en el bolsillo del ciudadano.
Algesa y Emalgesa, bajo sospecha
Arrabal apuntó también a las empresas públicas Algesa y Emalgesa, a las que atribuyó un uso opaco de los recursos públicos. En el caso de Algesa, denunció irregularidades detectadas por auditorías, contrataciones al margen de la legalidad y una gestión que califica de “presunta red clientelar”. “Esta empresa cuesta 22 millones de euros anuales, y sin embargo tenemos una ciudad sucia y mal atendida”, indicó.
En cuanto a Emalgesa, denunció que aún no se han presentado las cuentas de 2024, a pesar de que legalmente debieron estar listas antes del 31 de marzo. Advirtió que la empresa presenta un desequilibrio de casi tres millones de euros acumulados en los últimos dos ejercicios, con obras adjudicadas directamente a una parte privada del accionariado sin pasar por la Ley de Contratos del Sector Público. “¿A quién está beneficiando esta gestión?”, se preguntó. “Desde luego, a la ciudadanía no.”
La líder socialista finalizó su intervención cuestionando la legitimidad moral del gobierno de Landaluce: “Podemos preguntarnos si estamos ante una red clientelar o directamente ante una mafia institucional. Esa es la pregunta que el alcalde debería responder”.
Concluyó exigiendo responsabilidades políticas y transparencia en la gestión de los recursos públicos. “Esta no puede ser la forma de gobernar una ciudad que merece respeto y soluciones reales, no pactos de silencio ni favoritismos”.
