El Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar crea un marco jurídico propio y diferenciado del Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado tras el Brexit. Su finalidad es eliminar barreras físicas, fomentar un área de prosperidad compartida con el Campo de Gibraltar y garantizar la cooperación económica, social y de seguridad.
El texto preserva la integridad del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y deja claro que no altera las posiciones de soberanía de España ni del Reino Unido sobre el Peñón.
Asimismo, busca asegurar la estabilidad institucional y evitar distorsiones en la zona, estableciendo mecanismos de supervisión y cumplimiento.
Eliminación de la Verja y controles Schengen
En materia de circulación de personas, el acuerdo contempla la eliminación de la infraestructura fronteriza entre Gibraltar y España. Los controles Schengen se trasladarán al puerto y al aeropuerto gibraltareños.
España asumirá la responsabilidad del control de la frontera exterior Schengen, aunque Gibraltar no se integrará formalmente en este espacio. Se aplicarán determinadas normas europeas en materia de entradas y salidas.
El texto incorpora salvaguardias, como el papel relevante de España en permisos de residencia y visados, cooperación policial y judicial y medidas frente a la migración irregular, además de un mecanismo de evaluación a los cuatro años.
Unión aduanera y fiscalidad
En el ámbito económico, se establece una unión aduanera entre la UE y Gibraltar, con eliminación de controles físicos de mercancías en la frontera terrestre.
Gibraltar aplicará el acervo aduanero y fiscal de la UE, bajo controles y supervisión de autoridades españolas. Se prevé una alineación progresiva de la fiscalidad indirecta.
El acuerdo incluye medidas contra el fraude y el contrabando, así como un periodo transitorio en el que autoridades de la UE realizarán formalidades aduaneras.
Igualdad regulatoria y competencia
El marco incorpora compromisos para evitar distorsiones económicas, con normas equivalentes a las de la UE en ayudas de Estado.
También se establecen obligaciones de transparencia fiscal y buena gobernanza, junto con el mantenimiento de altos niveles de protección laboral, social, ambiental y climática.
Se prevén mecanismos de corrección y reequilibrio en caso de divergencias regulatorias entre las partes.
Protección de trabajadores transfronterizos
El acuerdo garantiza una protección amplia a los trabajadores transfronterizos, permitiendo trabajar en Gibraltar o en España según la residencia.
Se asegura la igualdad de trato en el acceso al empleo, la coordinación de la seguridad social y la protección para familiares.
La protección se equipara a la prevista en el Acuerdo de Retirada del Brexit.
Transporte y conectividad
El texto regula el transporte por carretera de mercancías y pasajeros, el acceso a puertos y servicios marítimos, así como el régimen de aviación y las responsabilidades en el aeropuerto de Gibraltar.
El objetivo es garantizar la conectividad económica y la movilidad en la zona, evitando interrupciones en los flujos comerciales y de viajeros.
Estas medidas se integran dentro del marco general de cooperación reforzada entre ambas partes.
Mecanismo financiero y cohesión social
Se crea un mecanismo financiero destinado a promover el desarrollo económico conjunto entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.
Este instrumento apoyará el empleo, la formación y la cohesión social, y será financiado por ambas partes, con contribución de la UE mediante fondos asignados a España.
El acuerdo también refuerza la cooperación en seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además del intercambio de información y asistencia mutua.
Gobernanza y valores fundamentales
Se establece una arquitectura institucional propia, con un Consejo de Cooperación UE-Reino Unido y comités especializados en personas, economía y aviación.
El Tribunal de Justicia de la UE tendrá un papel en la interpretación del Derecho de la Unión, junto a mecanismos de arbitraje independiente para la resolución de disputas.
El acuerdo se fundamenta en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático. Su aplicación provisional está prevista desde el 10 de abril de 2026 para evitar disrupciones económicas y sociales.
