El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de querella por delito de injurias y calumnias contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La acción judicial se dirige contra las declaraciones que Montero realizó el 13 de enero de 2026 durante un acto del PSOE, en las que, según expone la parte demandante, imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género.
Además, la demanda también alcanza a posteriores manifestaciones públicas en las que la ministra volvió a aludir a esa denuncia, al entender la representación de Landaluce que omitió de forma deliberada que dicha denuncia fue presentada por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en redes sociales y que ya había sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de 2026.
Demanda de conciliación por injurias y calumnias
En el escrito, la representación del regidor algecireño reclama a María Jesús Montero una retractación pública de sus palabras, así como el cese de nuevas declaraciones en el mismo sentido.
Junto a ello, la demanda fija una petición de indemnización de 200.000 euros por los daños que, según mantiene la parte actora, habrían causado esas afirmaciones.
La iniciativa judicial se plantea como paso previo a la interposición de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias, en relación con unas declaraciones que el entorno de Landaluce considera lesivas para su honor y su imagen pública.
Archivo de la denuncia ante el Supremo
Según se detalla, uno de los elementos centrales de la reclamación es que la denuncia a la que se refirió Montero había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado 9 de enero de 2026.
La representación de Landaluce sostiene igualmente que las posteriores referencias públicas a ese asunto se realizaron sin precisar que la denuncia partía de compañeras del PSOE y que estaba basada en publicaciones difundidas en redes sociales.
De esta forma, la demanda subraya que las manifestaciones atribuidas a la vicepresidenta se produjeron, presuntamente, pese a existir ya un archivo previo de las actuaciones por parte de la Fiscalía.
Acciones civiles por protección del honor
Por otro lado, en relación con el archivo de la querella que Landaluce presentó en su día contra Arrabal, una de las denunciantes ante el Supremo, su representación legal ha señalado que tiene encomendado el ejercicio de las acciones civiles de protección del honor previstas en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.
Estas acciones se activarían en el caso de que el TSJ de Andalucía confirme finalmente el archivo de la querella presentada por otro letrado en este procedimiento.
Asimismo, la defensa añade que Landaluce ya ha iniciado acciones contra la otra denunciante, Beneroso, dentro de la vía civil prevista para la protección del derecho al honor.
