La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha ejecutado un nuevo operativo de reprecintos sobre más de 300 parcelas y edificaciones ilegales ubicadas en suelo rústico en los municipios gaditanos de La Línea de la Concepción, San Roque y Arcos de la Frontera.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del refuerzo de la inspección urbanística tras la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), con la que se busca frenar la proliferación de parcelaciones y construcciones sin licencia. La consejera Rocío Díaz ha advertido de que quienes incumplan las órdenes de suspensión o rompan los precintos se enfrentan a sanciones económicas de entre 30.000 y 120.000 euros, e incluso a responsabilidades penales por desobediencia.
El último operativo se ha desarrollado esta semana en Villa Clemente, en La Línea, donde se ha verificado el cumplimiento de las medidas provisionales en una macrourbanización ilegal de seis hectáreas, precintada en junio de 2024. La intervención ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita y la Policía Local.
Asimismo, la Junta ha reprecintado 97 parcelas en Arcos de la Frontera, continuando con los trabajos iniciados en 2021. En San Roque, también se ha inspeccionado una superficie de cinco hectáreas donde se detectaron 89 lotes ilegales, logrando frenar la parcelación y retirar construcciones prefabricadas en al menos 13 de ellos.
Desde la Consejería se recuerda que los propietarios pueden demoler o retirar voluntariamente las construcciones ilegales, lo que podría suponer una reducción de hasta el 50% en las sanciones. No obstante, el incumplimiento de las órdenes conlleva multas coercitivas adicionales y posibles consecuencias penales.
Estas acciones forman parte del Plan General de Inspección 2023-2026 y del nuevo marco competencial de la Junta, que ha intensificado la vigilancia sobre el uso del suelo rústico. Entre 2022 y 2024 se han precintado un total de 1.239 parcelas ilegales, frente a los cero precintos registrados en 2018.
