El Grupo Comarcal Socialista ha comparecido este jueves en Algeciras para denunciar lo que consideran una “grave situación económica” en la empresa pública Argisa, encargada de los servicios de agua y residuos en varios municipios del Campo de Gibraltar, y exigir medidas urgentes tanto al actual gobierno de la Mancomunidad como a la Junta de Andalucía.
Adrián Vaca, secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz, ha acusado a la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio (PP), y a sus socios de gobierno de ser responsables de una gestión deficitaria que ha generado un malestar creciente entre los usuarios. Vaca señaló que Argisa cerró 2024 con pérdidas de 2,3 millones de euros, tras encadenar subidas tarifarias históricas: un 46% en el tratamiento de basura, un 16,4% en abastecimiento y saneamiento, y un 18% en recogida de residuos.
El PSOE sostiene que estas subidas no se justifican solo por el aumento de costes operativos, sino también por un uso ineficiente de los recursos. Vaca denunció un aumento del 34% en el gasto eléctrico y del 9% en arrendamientos, a pesar de que la empresa ha renovado su flota con fondos estatales. “No hay medidas de eficiencia energética ni control del gasto, están jugando con la pólvora ajena”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos señalados por los socialistas es el impacto del incremento del canon de regulación y el cambio de criterio en la tarifa de utilización del agua por parte de la Junta de Andalucía. Según explicó Vaca, el canon ha subido un 121%, pasando de 1,4 a 3,2 millones de euros, lo que supone un sobrecoste que “está ahogando” las cuentas de Argisa. Por ello, el PSOE ha registrado una moción en la Mancomunidad para exigir a la Junta que rectifique y devuelva los más de 2 millones de euros que, aseguran, ha detraído del sistema.
El PSOE solicita una junta de comarca extraordinaria
Daniel Perea, portavoz adjunto socialista en la Mancomunidad, ha añadido que el PSOE solicitará por escrito la convocatoria de una junta de comarca extraordinaria en un plazo máximo de 15 días para debatir la moción y abordar con urgencia la situación económica de Argisa. “No vamos a permitir más silencio cómplice ante decisiones que castigan a las familias del Campo de Gibraltar. Es hora de fiscalizar y actuar”, subrayó.
Ambos portavoces han pedido a los demás grupos políticos de la Mancomunidad que apoyen la iniciativa para lograr una posición unánime en defensa del interés general. También anunciaron que continuarán con la recogida de firmas ciudadanas para exigir una rebaja de tarifas, convencidos de que “hay otra forma de gestionar lo público sin castigar el bolsillo de los vecinos”.
