El Grupo Comarcal Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha interpuesto este viernes un Recurso de Reposición contra el acuerdo del Pleno del 10 de octubre, que aprobó el pliego de cláusulas e informe de viabilidad del contrato de abastecimiento de agua potable en La Línea de la Concepción.
Según el PSOE, el procedimiento es “lesivo y contrario a Derecho” por la omisión de informes preceptivos y por vulnerar principios básicos de la contratación pública.
En el escrito registrado, los socialistas sostienen que se han omitido los informes del Consejo Consultivo, considerados “obligatorios” por la normativa. Su ausencia, advierten, “puede ser causa de nulidad del acto administrativo”, al tratarse de un trámite esencial que debía preceder a la resolución.
El documento cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1980, según la cual el dictamen del Consejo Consultivo debe preceder a la decisión para “ilustrar al órgano resolutorio”, en este caso, a la Junta de Comarca.
La portavoz socialista, Lucía Trujillo, subraya que la inexistencia de dicho informe “debió suponer la suspensión del expediente” y que el acuerdo aprobado “con el voto de calidad de la Presidenta” debe ser declarado nulo de pleno derecho.
Solicitan revocar el acuerdo plenario del 10 de octubre
El PSOE comarcal pide en su recurso la revocación del acuerdo plenario y la apertura de un nuevo procedimiento que respete la legalidad en materia de contratación pública.
Trujillo recuerda que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, busca garantizar la transparencia y la selección de la oferta más ventajosa, principios que, según el grupo, “no se han cumplido” en la licitación aprobada.
En la sesión del 10 de octubre, el contrato fue definido como una concesión de servicios que obliga al concesionario a ejecutar obras de mejora en la red de abastecimiento por 8 millones de euros. Para los socialistas, esta obligación genera un desequilibrio económico durante los primeros años, que “hace inverosímil” que cualquier empresa pueda asumirlo sin trasladar el coste a los ciudadanos.
Posible impacto económico para los ciudadanos del Campo de Gibraltar
El recurso advierte que las inversiones previstas, amortizables en 25 años, acabarán siendo financiadas por los ciudadanos, ya que las obras “resultarán a coste cero para la empresa adjudicataria”.
Además, el PSOE considera “notorio” que la licitación no garantiza la libre competencia ni la igualdad de trato entre licitadores, lo que vulneraría el artículo 1 de la Ley 9/2017.
Según el grupo socialista, el procedimiento aprobado con el voto de calidad de la Presidenta incluye obras que no pueden ser objeto del contrato conforme a los criterios de los asesores jurídicos, lo que supondría un incumplimiento adicional de la normativa.
Denuncian falta de transparencia y riesgo de nulidad
El PSOE del Campo de Gibraltar insiste en que la falta del dictamen del Consejo Consultivo convierte el acuerdo en susceptible de nulidad, y que las condiciones económicas del contrato “dificultan la libre concurrencia” al favorecer únicamente a empresas con gran capacidad financiera.
Concluyen que el modelo aprobado compromete el equilibrio económico del servicio y traslada la carga a los ciudadanos del Campo de Gibraltar, por lo que piden su anulación y la tramitación de un nuevo expediente conforme a la ley.
