El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno ordinario de este próximo lunes, 20 de abril, dos mociones para su debate y aprobación. La primera reclama más inversión en viviendas públicas para facilitar el acceso a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
La segunda iniciativa pone el foco en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Algeciras (CTA), un recurso asistencial que, según denuncia el PSOE, se encuentra en una situación de “colapso total” por la falta de personal y medios.
Ambas propuestas serán defendidas por los socialistas en una sesión plenaria en la que también pedirán el respaldo de la Corporación municipal a varias medidas dirigidas tanto a ampliar el parque público residencial como a garantizar una atención digna en materia de adicciones.
Viviendas públicas en Algeciras
En la moción sobre vivienda, el PSOE pide que el Ayuntamiento respalde el reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho subjetivo exigible, mediante la derogación de la Ley 5/2025 y la tramitación urgente de una nueva Ley de Vivienda.
Según el texto, esa nueva norma debería garantizar la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero. Además, se insta a la Junta de Andalucía a incrementar de forma sostenida la inversión pública en esta materia hasta alcanzar al menos el 1% del PIB andaluz.
La propuesta también reclama la puesta en marcha de un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita incorporar al mercado 100.000 viviendas públicas y consolidar un parque estructural de alquiler asequible.
AVRA y acceso de jóvenes a la vivienda
Entre las medidas planteadas, los socialistas piden reforzar la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como instrumento de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo.
La moción incluye además la implantación de un Plan Entrada Cero para facilitar el acceso de la juventud a su primera vivienda, así como la creación de un Fondo Público de Emancipación Juvenil que financie hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual mediante préstamo público sin intereses.
Junto a ello, el PSOE propone reducir la carga fiscal para jóvenes en la compra de vivienda habitual mediante la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Vivienda protegida y calle Mónaco
La iniciativa socialista plantea también que se declaren zonas de mercado residencial tensionado cuando el coste de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios, aplicando las medidas de limitación de precios previstas en la Ley 12/2023.
Asimismo, reclama que se permita a los ayuntamientos limitar o suspender nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas. El texto añade la necesidad de garantizar transparencia, objetividad y agilidad en los registros de demandantes de vivienda protegida.
En el caso concreto de Algeciras, el PSOE solicita instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar sobre las viviendas públicas de AVRA, empezando por una rehabilitación integral del parque residencial de la calle Mónaco.
La portavoz del Grupo Socialista, Rocío Arrabal, ha recordado que la Junta, con competencias exclusivas en vivienda, “nunca ha aplicado la Ley de Vivienda del Gobierno de España”, por lo que considera que la situación actual en Andalucía es responsabilidad directa del Ejecutivo autonómico.
Arrabal ha señalado que Algeciras es “un claro ejemplo” del abandono de las viviendas públicas de AVRA, y ha vuelto a citar el caso de la calle Mónaco, cuyo arreglo, afirma, ha sido reclamado en varias ocasiones sin que hasta ahora se haya ejecutado.
La dirigente socialista advertirá también en el pleno sobre la necesidad de construir nuevas viviendas protegidas. Según ha indicado, el Ayuntamiento cedió a la Junta parcelas públicas para levantar unas 500 viviendas de VPO, pero asegura que “en 8 años no se ha construido ni una sola vivienda pública en Algeciras”.
CTA Algeciras bajo mínimos
La segunda moción registrada por el PSOE está centrada en la situación del Centro de Tratamiento de Adicciones de Algeciras, un servicio que los socialistas definen como esencial y que, aseguran, se encuentra “bajo mínimos”.
En la parte propositiva, el grupo plantea instar a la Diputación Provincial de Cádiz a cubrir de manera inmediata las plazas vacantes, especialmente en psicología, administración y enfermería. También reclama garantizar los servicios esenciales, la inmediatez en los nuevos ingresos y el seguimiento de los usuarios que ya están en terapia.
Además, el PSOE pide que la Corporación municipal muestre públicamente su apoyo a los usuarios, sus familias y los profesionales del centro ante lo que considera una falta de compromiso por parte de la Diputación.
Listas de espera y falta de profesionales
En la exposición de motivos de la moción, los socialistas sostienen que el CTA atraviesa desde hace tiempo una situación de “colapso total”, con listas de espera de hasta dos meses para la primera cita y demoras de cinco o seis meses para la atención psicológica especializada.
El texto subraya que esta falta de recursos afecta a la atención de personas con todo tipo de adicciones, no solo a drogas ilegales como la cocaína o la heroína, o legales como el alcohol y el tabaco, sino también a usuarios con dependencia a las pantallas, el juego, los vapeadores o las bebidas energéticas.
Según la denuncia recogida en la moción, muchos de estos usuarios son menores de edad, lo que, a juicio del PSOE, refuerza la necesidad de revertir de forma urgente la situación del centro.
Los socialistas aseguran que en los últimos tres años la Diputación Provincial de Cádiz ha ido “desmantelando” el CTA, reduciendo la plantilla de 12 profesionales a solo 4, lo que consideran inviable para atender adecuadamente a los usuarios y asumir nuevas incorporaciones.
El escrito detalla que antes había cuatro psicólogos y ahora solo queda uno, además de que ya no hay enfermera ni educador social, mientras que de cuatro administrativos solo permanece uno. Esta situación, añade, mantiene a los trabajadores restantes “totalmente sobrepasados”.
La moción advierte también de una alta probabilidad de recaídas como consecuencia de la suspensión de las terapias grupales de prevención, al tiempo que insiste en que estos centros públicos y gratuitos “no son un lujo, sino una oportunidad”, ya que detrás de cada tratamiento “hay una vida en juego y una historia que puede cambiar”.
