El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que pide investigar al alcalde, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El escrito ha sido firmado por representantes del PSOE de Algeciras, la secretaria general del PSOE local, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general, Isabel Beneroso y se fundamenta en una serie de hechos documentados y acompañados de certificaciones notariales.
Según la denuncia, el Ayuntamiento habría contratado como personal eventual a Laura Ruiz y María Inés Cortés. Estas contrataciones, según el PSOE, podrían haberse realizado con el fin de evitar la divulgación de mensajes o información sensible atribuibles al alcalde.
El escrito incluye capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, certificadas ante notario, remitidas por una persona vinculada al PP de Algeciras. En dichos mensajes se describen presuntos comportamientos inapropiados hacia dos concejalas. El documento detalla que estas conversaciones fueron enviadas a una representante socialista en febrero de 2022, acompañadas de explicaciones sobre su origen y contenido.
Parte de esas capturas fue difundida públicamente en octubre de 2024 por el eurodiputado, Alvise Pérez, lo que generó repercusión mediática nacional y reacciones dentro del PP. La denuncia señala que la coincidencia temporal entre estas publicaciones y la intención de una de las afectadas de revelar información resulta relevante.
El documento también recoge episodios previos relacionados con la exconcejala Laura Ruiz, quien dimitió en 2021 tras una condena penal y posteriormente mostró discrepancias públicas con responsables del PP local.
A ello se suma, según el PSOE, que tras la creación del nuevo gobierno municipal en 2023, el Ayuntamiento, volvio a contratar a la exconcejal como personal eventual. Sin embargo, fue cesada en mayo de 2025 tras ratificarse su condena por el Tribunal Supremo.
La denuncia sostiene que, apenas cesada, Ruiz fue contratada en una residencia de titularidad pública gestionada por una entidad externa, lo que podría constituir un supuesto tráfico de influencias. El PSOE señala que la exconcejala no tenía experiencia previa en ese puesto y que su incorporación coincidió temporalmente con la sentencia firme.
Además, los socialistas denuncian falta de transparencia en la entrega de documentación municipal relativa al personal eventual, ya que la información sobre Ruiz no habría sido aportada pese a que la solicitud se realizó antes de su cese. Esta situación dio lugar a un recurso contencioso-administrativo aún en trámite.
En su escrito, el PSOE solicita que se tome declaración al alcalde como investigado y que comparezcan como testigos varias personas mencionadas en los hechos, incluyendo concejalas, personal eventual y el eurodiputado que difundió parte del material. También pide documentación oficial al Ayuntamiento y a la residencia donde Ruiz fue contratada.
La Fiscalía del Tribunal Supremo deberá ahora valorar si los hechos relatados presentan indicios suficientes para abrir diligencias de investigación.
