El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, tras considerar que esta habría incurrido en una revelación de información confidencial durante una rueda de prensa celebrada este martes.
Según informaron la teniente de alcalde delegada de Contratación, Paula Conesa, y la Secretaría General del Ayuntamiento, Arrabal ofreció a los medios detalles sobre las deliberaciones de la Mesa de Contratación, un órgano cuyas sesiones no son públicas. En dicha comparecencia, la edil socialista se refirió a la adjudicación de las obras del puente del río Pícaro, aprovechando su condición de invitada sin voto a las reuniones del citado órgano.
Desde el Consistorio algecireño se sostiene que Arrabal “faltó a la verdad al afirmar que uno de los lotes de la adjudicación había quedado desierto” y, además, difundió información confidencial, contraviniendo su deber de guardar reserva sobre los asuntos tratados en la Mesa de Contratación. La institución municipal recuerda que la licitación aún no está concluida, ya que está formada por tres lotes y se encuentra pendiente de adjudicación.
De acuerdo con la versión oficial, la actuación de la portavoz socialista podría suponer una vulneración del artículo 16.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Dicho artículo establece que los miembros de la corporación tienen el deber de mantener la confidencialidad de la información que se les facilita para el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se trata de decisiones todavía pendientes de adopción.
Asimismo, el Ayuntamiento apunta que Arrabal habría contravenido también el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal, que obliga a los concejales a preservar la confidencialidad de la información recibida en el desempeño de su cargo. En concreto, dicho artículo señala que los ediles “habrán de guardar reserva respecto a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la Constitución”.
Desde la Casa Consistorial se advierte que divulgar datos no públicos de un órgano reglado como la Mesa de Contratación puede poner en riesgo la transparencia y credibilidad institucional, así como las propias actuaciones administrativas que de ella emanan. Por este motivo, el equipo de Gobierno está valorando la posibilidad de interponer acciones legales contra Rocío Arrabal por lo que consideran una falta grave de responsabilidad institucional.
La polémica se produce en un contexto de máxima sensibilidad en torno a los procesos de contratación pública, en los que el Ayuntamiento de Algeciras subraya su compromiso con la Ley de Transparencia y el rigor administrativo. Desde el entorno socialista, por su parte, aún no se ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones vertidas por el equipo de Gobierno.
