El Ayuntamiento de Algeciras ha salido al paso de las acusaciones vertidas por la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, quien aseguró que el consistorio había realizado pagos al centro médico del alcalde José Ignacio Landaluce. En una comparecencia conjunta, el teniente de alcalde Jacinto Muñoz y la concejala María Solanes calificaron las afirmaciones de Arrabal como «falsedades» y anunciaron que los servicios jurídicos municipales están analizando la posibilidad de presentar una querella criminal por calumnias contra autoridad pública.
Jacinto Muñoz desmintió punto por punto las declaraciones socialistas, asegurando que “no existe ningún contrato entre el Ayuntamiento y el centro médico mencionado”, y que “la ayuda económica a funcionarios por la renovación del carnet de conducir es un derecho recogido desde 1988 en el convenio colectivo”, instaurado por gobiernos socialistas anteriores.
Muñoz mostró documentación que, según dijo, prueba que el actual equipo de gobierno no ha modificado este derecho desde que asumió el poder en 2012. «El convenio fue simplemente prorrogado en 2012 sin cambiar ni una sola coma», aseguró, destacando que los reembolsos a funcionarios no suponen más de 1.000 euros anuales y que son para personal que debe conducir por motivos laborales, como policías o conductores municipales.
Por su parte, Solanes se sumó a las críticas y aseguró que “cada funcionario elige libremente el centro médico donde hacerse el reconocimiento, sin ninguna imposición ni vínculo con el alcalde”, insistiendo en que lo aprobado en las comisiones de Hacienda es solo la justificación del gasto, no facturas emitidas al Ayuntamiento. “Es una aberración hablar de licitaciones en este contexto”, afirmó.
Solanes denunció lo que calificó como una “persecución personal” contra el alcalde y una campaña de desinformación por parte del PSOE, al tiempo que confirmó que el equipo de gobierno está a la espera del informe jurídico para proceder a acciones legales.
Ambos ediles coincidieron en que las afirmaciones de Rocío Arrabal buscan “desacreditar la labor del Ayuntamiento y sus funcionarios” y apelaron a la responsabilidad política para no difundir bulos. “Estamos hartos de las mentiras del Partido Socialista”, concluyó Solanes, visiblemente molesta.
