La consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado en Tarifa (Cádiz) la puesta en marcha de un proyecto pionero para la recogida científica del alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae, con el objetivo de estudiar su potencial como fertilizante y bioestimulante agrícola sostenible. Se trata del primer proyecto autorizado en Andalucía desde la aprobación de la Estrategia Nacional de Control en 2023.
La consejera ha presentado esta iniciativa en el Ayuntamiento de Tarifa, acompañada por el alcalde José Antonio Santos, representantes institucionales, personal investigador y alumnado participante. Durante el acto, ha destacado que se permitirá, por primera vez, la recogida controlada de arribazones ya desprendidos en playas de Tarifa y Algeciras, sin afectar al ecosistema marino ni a especies protegidas como la Patella ferruginea.
El proyecto, respaldado por el Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga, se desarrollará bajo estrictas condiciones de seguridad biológica. Los restos del alga serán transportados en envases herméticos a una finca en Castellar de la Frontera, donde se procesarán hasta quedar totalmente inactivados para impedir su propagación.
García ha subrayado que este paso “marca un antes y un después” en la gestión de esta especie invasora, al abrir la puerta a una economía circular en la que un problema ambiental puede transformarse en una oportunidad para la innovación agrícola. Asimismo, ha recordado que el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) también investiga usos agrícolas de esta biomasa.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Gestión frente al alga Rugulopteryx okamurae, que la Consejería está ultimando para trasladar al Gobierno central. El plan incluye medidas de investigación, vigilancia, concienciación y gestión segura de la biomasa.
La titular de Medio Ambiente ha reiterado la gravedad del impacto de esta alga procedente del Pacífico, que afecta gravemente a la biodiversidad marina, la pesca artesanal y el turismo en el litoral andaluz. Ha reclamado al Gobierno de España una mayor implicación, incluyendo ayudas específicas para el sector pesquero, apoyo legal para el uso controlado de la biomasa y un fondo estatal para sufragar los costes de limpieza que hoy asumen los ayuntamientos.
El proyecto tendrá una vigencia inicial hasta diciembre de 2035, aunque podrá revocarse en caso de incumplimientos. El equipo investigador deberá presentar informes anuales y coordinar cada actuación con los servicios ambientales de la Junta.
Finalmente, Catalina García ha puesto en valor la dimensión educativa del proyecto, impulsado por la Sección de Educación Permanente de Tarifa con la participación activa de estudiantes del programa ‘Algas marinas del Estrecho’. “Este es un ejemplo de cómo desde la educación pública se pueden promover soluciones reales e innovadoras a los grandes desafíos ambientales”, ha concluido.
