La vivienda, el poder adquisitivo y los servicios públicos ocupan un lugar destacado en los programas de Partido Popular, PSOE, Vox, Frente Amplio y Adelante Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Las cinco formaciones plantean medidas en estos ámbitos, aunque difieren en la intervención pública, la fiscalidad y las condiciones de acceso a determinadas prestaciones.
El PP propone rebajas fiscales, simplificación administrativa y más construcción de vivienda. Vox combina bajadas de impuestos con la prioridad nacional en ayudas y servicios. El PSOE apuesta por ampliar la protección social y la vivienda asequible, mientras Frente Amplio y Adelante Andalucía plantean una mayor intervención pública, cambios fiscales y una jornada laboral de 32 horas.
Las diferencias también alcanzan al modelo territorial, la inmigración y la política internacional. Para el Campo de Gibraltar, los programas incluyen propuestas específicas sobre narcotráfico, Gibraltar o el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras. Estas son las principales medidas de cada formación en los doce asuntos analizados.
Partido Popular: economía, servicios públicos y vivienda
Economía. El PP plantea reducir el IRPF de las rentas medias y bajas, elevar los mínimos personales y familiares y garantizar que quienes cobren el salario mínimo no tributen por este impuesto. Añade una auditoría del gasto público, reducción de estructuras administrativas y menos cargas burocráticas para empresas y ciudadanos.
Sanidad. Propone un pacto de Estado con las comunidades autónomas para reducir las listas de espera y asegurar la financiación sanitaria. Prevé incorporar al menos 4.500 médicos más a Atención Primaria, mejorar las condiciones de los profesionales y aprobar un Plan Nacional de Salud Mental para 2027-2037.
Educación. Defiende sustituir la LOMLOE, reforzar la lectura y el cálculo desde Primaria y recuperar la exigencia académica para avanzar de etapa. Mantendría los conciertos donde exista demanda suficiente, protegería los centros de educación especial y ampliaría las plazas de FP vinculadas a sectores con necesidades de empleo.
Vivienda. Fija como objetivo construir un millón de viviendas, movilizando suelo público y privado. Para ello plantea una nueva Ley del Suelo, licencias de obra y rehabilitación resueltas en tres meses con silencio positivo y cambios de uso de oficinas y locales para facilitar vivienda asequible.
Medio ambiente. Mantiene la descarbonización como objetivo, pero propone revisar los calendarios sectoriales según la tecnología disponible y su impacto económico. Combina renovables, almacenamiento y energía nuclear, con la extensión de la vida útil de las centrales sujeta al visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.
Estado y comunidades autónomas. Propone negociar multilateralmente un nuevo sistema de financiación autonómica, acompañado de un fondo transitorio de nivelación. Rechaza que comunidades del régimen común salgan de él mediante acuerdos singulares y plantea abordar la reestructuración de la deuda con reglas compartidas.
Seguridad. Prevé reforzar los medios policiales, reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo y culminar la equiparación salarial. También propone ampliar las competencias de la Audiencia Nacional frente al narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado.
Inmigración. Plantea una autoridad única, mayor vigilancia fronteriza y cupos anuales ligados al empleo y la capacidad de acogida. Incorporaría visados por puntos y contratación en origen, prohibiría las regularizaciones masivas e indiscriminadas y convertiría el arraigo en una vía excepcional.
Pensiones. Se compromete a mantener su poder adquisitivo mediante subidas anuales con el IPC y a reforzar el Pacto de Toledo. También propone incentivar la jubilación activa con deducciones en el IRPF y preservar la protección de quienes se incorporan ahora al mercado laboral.
Igualdad. Incluye medidas contra la discriminación y la LGTBIfobia, así como la eliminación de obstáculos a la trayectoria profesional de las mujeres. Al mismo tiempo, propone revisar la Ley Trans, eliminar la libre autodeterminación registral del sexo y utilizar el sexo biológico como criterio en las categorías deportivas femeninas.
Política exterior. Defiende reforzar la Unión Europea, mantener el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación transatlántica. Sobre Gibraltar, plantea dialogar con el Reino Unido para revisar las consecuencias del acuerdo con la UE, manteniendo la reivindicación de soberanía y la defensa de la prosperidad del Campo de Gibraltar.
Trabajo. Propone un cheque de formación en inteligencia artificial y menores cotizaciones por desempleo para empresas con plantillas más estables que la media de su sector. Los nuevos autónomos quedarían exentos de cuota el primer año y también el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo.
PSOE: vivienda asequible, protección social y empleo
Economía. El PSOE plantea una mayor tributación de las rentas de capital elevadas, con un tipo máximo del 35% para las superiores a 300.000 euros. También propone aumentar la contribución de las grandes tecnológicas y aplicar medidas fiscales a empresas cotizadas con grandes diferencias entre la remuneración de su máximo ejecutivo y la plantilla.
Sanidad. Sitúa la financiación pública en torno al 7% del PIB, con la gestión directa como modalidad preferente. Propone una primera consulta psicológica gratuita en un máximo de 30 días y ampliar la atención bucodental, con una ayuda inicial de hasta 200 euros anuales por persona que comenzaría por rentas medias y bajas.
Educación. Plantea universalizar la educación de cero a tres años, ampliar las becas y las plazas públicas de FP y reducir el alumnado por aula. Añade el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales a efectos de capacidad de las aulas y una ratio de un profesional de orientación por cada 250 estudiantes.
Vivienda. Propone movilizar anualmente el 1% del PIB y constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición. Defiende la protección permanente de la vivienda pública y un impuesto progresivo sobre inmuebles de grandes propietarios y fondos que no se destinen al alquiler residencial asequible.
Medio ambiente. Su objetivo es alcanzar el 81% de generación eléctrica renovable en 2030, extendiendo el autoconsumo, el almacenamiento y la electrificación. Mantiene el calendario de cierre nuclear hasta 2035 y plantea proyectos de transición justa en las comarcas afectadas.
Estado y comunidades autónomas. Apuesta por una financiación autonómica con 21.000 millones de euros adicionales y por la asunción estatal de 83.000 millones de deuda autonómica. También propone reformar el Senado como cámara territorial e institucionalizar la Conferencia de Presidentes con una periodicidad fija.
Seguridad. Prevé aumentar y redistribuir los efectivos policiales, reforzar la presencia de proximidad y combatir la ciberdelincuencia. Incluye un Plan Nacional Integral contra el Narcotráfico y el refuerzo del Plan Especial del Campo de Gibraltar, además de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Inmigración. Defiende ampliar las vías legales de migración y protección internacional, impulsar la contratación en origen y agilizar la homologación de títulos. Propone desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con una dotación inicial de 500 millones de euros y colaboración entre administraciones.
Pensiones. Plantea blindar constitucionalmente el sistema público y su revalorización con el IPC. Incluye nuevas fuentes de financiación vinculadas a la productividad, acelerar la cuota de solidaridad y reconocer un año adicional de cotización por cada hijo o hija para contribuir a reducir la brecha de género.
Igualdad. Propone reforzar la igualdad retributiva, la corresponsabilidad y los derechos sexuales y reproductivos. Añade medidas contra las violencias machistas, mejoras en VioGén y actuaciones para reducir las brechas de género en la ciencia, la tecnología y el acceso a oportunidades profesionales.
Política exterior. Defiende el multilateralismo, una Unión Europea más integrada y una diplomacia orientada a la mediación. Para Israel y Palestina mantiene la solución de dos Estados, con apoyo a la Autoridad Palestina y a la reconstrucción de Gaza, y propone que España participe como observadora en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
Trabajo. Propone completar la reducción de jornada a 37,5 horas semanales e incentivar avances hacia las 35 horas mediante negociación colectiva, sin pérdida salarial. Incluye un registro horario digital, más inspección contra las horas extraordinarias impagadas y una reforma de la reparación por despido improcedente.
Vox: rebajas fiscales, seguridad y prioridad nacional
Economía. Vox plantea reducir el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, junto con recortes del gasto que considera innecesario y control del déficit. Para los autónomos propone cuota cero por debajo del salario mínimo y, superado ese umbral, una cuota progresiva desde 50 euros según ingresos.
Sanidad. Defiende una tarjeta sanitaria única, historia clínica compartida y un plan nacional contra las listas de espera, con colaboración público-privada cuando reduzca las demoras. Propone excluir de la atención sanitaria a extranjeros en situación irregular salvo en casos de urgencia grave.
Educación. Plantea derogar la LOMLOE, unificar currículo y evaluaciones e implantar una prueba de acceso a la universidad única. Defiende la elección de centro, la enseñanza en español en todo el territorio y aulas de nivelación para alumnado incorporado tardíamente, además de límites por aula vinculados al origen cultural o al dominio del idioma.
Vivienda. Propone ampliar el suelo disponible, construir vivienda protegida y derogar la Ley de Vivienda. Establece prioridad para españoles en vivienda pública y ayudas al alquiler, plantea eliminar los impuestos de compra de la primera vivienda habitual para familias españolas y reclama desalojos por ocupación en menos de 24 horas.
Medio ambiente. Defiende revertir normas vinculadas al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 que considera perjudiciales para la producción. Propone mantener las centrales nucleares, estudiar nuevas instalaciones y aprobar un Plan Nacional del Agua con interconexión de cuencas.
Estado y comunidades autónomas. Sitúa la unidad nacional y la igualdad de servicios entre territorios como ejes de su propuesta. Plantea recuperar el delito de sedición e ilegalizar organizaciones que atenten contra la soberanía, la independencia o la integridad territorial de España, junto con medidas comunes en educación y sanidad.
Seguridad. Propone aumentar medios, inversión y protección profesional para policías y guardias civiles. En la lucha contra el narcotráfico reclama el restablecimiento inmediato del OCON Sur y un refuerzo de recursos humanos, técnicos y operativos, además de participación militar en el apoyo a la vigilancia fronteriza.
Inmigración. Plantea prohibir las regularizaciones masivas, suprimir el arraigo y repatriar a quienes permanezcan en situación irregular. Incluye un plan de retorno para extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios, la reserva del ingreso mínimo vital a españoles y la prohibición de alquilar vivienda a personas sin residencia legal.
Pensiones. Vincula la sostenibilidad del sistema al crecimiento económico, el empleo, los salarios y la natalidad. Propone que el Estado financie las cotizaciones de los españoles dedicados al cuidado de sus hijos para evitar que esa dedicación perjudique su futura jubilación.
Igualdad. Propone derogar las leyes de género que cuestiona y sustituirlas por normas de protección a las mujeres. Incluye prevención de agresiones, asistencia integral a las víctimas y medidas para facilitar la reincorporación laboral de madres que hayan interrumpido su carrera por maternidad o cuidados.
Política exterior. Prioriza la soberanía nacional y plantea revisar las relaciones con Marruecos, aplicar sanciones y suspender acuerdos hasta que respete las fronteras españolas. Para Gibraltar propone presión internacional encaminada a recuperar la soberanía y un plan de inversiones para el Campo de Gibraltar.
Trabajo. Defiende derogar la legislación laboral del Gobierno de Sánchez y promover empleo estable mediante reindustrialización, menores impuestos y simplificación administrativa. Añade incentivos a las empresas que faciliten la conciliación y medidas de apoyo a las familias y a la reincorporación profesional de las madres.
Frente Amplio: fiscalidad, servicios públicos y derechos laborales
Economía. Frente Amplio propone un tipo mínimo efectivo del 20% en Sociedades para grandes empresas y grupos, sin elevar la carga de las pymes. Añade una mayor contribución de los grandes patrimonios, gravámenes estructurales sobre banca y energía y el impulso de empresas y banca públicas.
Sanidad. Plantea un gasto público del 8% del PIB y destinar el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria. Propone la gestión pública directa como regla general, la reversión gradual de servicios privatizados y la universalidad de la asistencia con independencia de la situación administrativa de los residentes.
Educación. Fija el objetivo de alcanzar una inversión pública del 7% del PIB en 2030 y avanzar hacia la destinación íntegra de los fondos públicos a la enseñanza pública. Propone ratios máximas de 15 estudiantes en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, con doble cómputo del alumnado NEAE.
Vivienda. Propone invertir anualmente el 1% del PIB para incorporar 1,5 millones de viviendas públicas en doce años, mayoritariamente en alquiler. Plantea vincular las rentas al límite del 25% de los ingresos del hogar, impedir desahucios sin alternativa habitacional y frenar la expansión de los pisos turísticos.
Medio ambiente. Defiende destinar el 3,5% del PIB anual a la transición ecológica, la adaptación climática y las infraestructuras verdes. Propone alcanzar el 100% de generación eléctrica renovable en 2040, reforzar el transporte público y gestionar el agua como bien público.
Estado y comunidades autónomas. Sitúa como horizonte una república federal y plurinacional, con reconocimiento del derecho a decidir mediante referéndum. Propone reformar la financiación autonómica, aumentar los recursos para servicios públicos y evitar la competencia fiscal a la baja entre territorios.
Seguridad. Defiende un modelo basado en prevención, derechos humanos y resolución comunitaria de conflictos. Incluye desmilitarizar la Guardia Civil, regular el uso policial de la fuerza, prohibir los controles por perfil racial y crear un organismo independiente para investigar denuncias de abusos.
Inmigración. Propone culminar la regularización extraordinaria de 2026 e instaurar un procedimiento permanente y reglado de regularización. Defiende el cierre de los CIE, vías legales y seguras de asilo, citas de extranjería en un máximo de siete días y la eliminación de barreras administrativas para acceder a derechos básicos.
Pensiones. Plantea blindar constitucionalmente su revalorización, devolver la edad ordinaria de jubilación a los 65 años y facilitar el retiro a los 60 en determinadas profesiones penosas. También eliminaría las penalizaciones por jubilación anticipada involuntaria para quienes hayan cotizado más de 40 años.
Igualdad. Propone reforzar la lucha contra las violencias machistas, la transparencia salarial y la inspección en sectores feminizados. Defiende el aborto en la sanidad pública, el desarrollo de la Ley Trans, el reconocimiento de las personas no binarias y medidas contra la discriminación de las personas LGTBIQA+.
Política exterior. Apuesta por la prevención diplomática, el desarme y una reducción del gasto militar, rechazando el objetivo del 5% del PIB en el marco de la OTAN. Propone ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y transformar recintos de uso militar extranjero en actividades tecnológicas, industriales y de respuesta civil.
Trabajo. Propone avanzar hacia una jornada máxima de 32 horas sin reducción salarial, comenzando por las 37,5 horas de forma inmediata. Añade un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio neto y una mayor participación de las plantillas en las decisiones empresariales.
Adelante Andalucía: autogobierno, vivienda y servicios públicos
Economía. Adelante Andalucía propone reducir el IRPF de las rentas bajas y elevarlo con fuerza a partir de 100.000 euros anuales. Incluye impuestos sobre grandes fortunas y terratenientes, gravámenes permanentes a beneficios extraordinarios de banca y eléctricas, una banca pública y una red de supermercados públicos.
Sanidad. Defiende un sistema íntegramente público, con un gasto mínimo del 8% del PIB y el fin de conciertos y externalizaciones. Propone cita en Atención Primaria en 48 horas, consultas de al menos diez minutos y atención en salud mental en un máximo de quince días desde la derivación.
Educación. Plantea destinar todo el dinero público a la escuela pública y garantizar una educación infantil de cero a tres años gratuita y de gestión pública. También defiende reforzar la universidad pública mediante recursos para infraestructuras, personal docente e investigador.
Vivienda. Propone que ningún alquiler supere el 20% del salario, contratos indefinidos y un parque público de al menos el 9% del total. Incluye incorporar viviendas de bancos y fondos mediante desprivatización, prohibir compras especulativas, crear una constructora pública y retirar licencias turísticas donde se hayan disparado los precios.
Medio ambiente. Defiende recuperar el control público de la energía y orientar la transición desde criterios ecosociales. Sus propuestas incluyen proteger Doñana, reforzar la gestión pública del agua y reclamar para Andalucía la gestión exclusiva de la cuenca del Guadalquivir.
Estado y comunidades autónomas. Reivindica el reconocimiento de Andalucía como nacionalidad histórica con el máximo nivel de competencias y financiación. Sitúa un modelo confederal como horizonte y propone traspasos en ferrocarril, inspección laboral y gestión del desempleo, manteniendo la caja única de la Seguridad Social.
Seguridad. Propone desplegar progresivamente una policía autonómica andaluza y derogar la ley mordaza. Para el Campo de Gibraltar plantea juzgados especializados contra el blanqueo del narcotráfico, control patrimonial y prevención en los barrios mediante policía de proximidad, deporte y Formación Profesional.
Inmigración. Defiende la regularización, visados humanitarios, asilo en embajadas y consulados y el cierre de los CIE, empezando por Algeciras. Añade acceso a sanidad y educación sin trabas administrativas, protección a menores migrantes y prohibición expresa de controles policiales por perfil racial.
Pensiones. Propone blindar el sistema público, actualizarlo con el IPC real y equiparar las mínimas y no contributivas al salario mínimo neto. Sitúa la jubilación ordinaria en los 64 años, contempla anticiparla desde los 55 con contrato de relevo y eliminar coeficientes reductores con 40 años cotizados.
Igualdad. Plantea dotar de presupuesto al Pacto de Estado contra la violencia machista y establecer permisos iguales y remunerados al 100%. Defiende garantizar el aborto en la sanidad pública y en la Constitución, junto con la retirada de financiación pública a organizaciones que acosen a mujeres que abortan.
Política exterior. Rechaza el rearme y propone una consulta sobre la permanencia en la OTAN. Reclama renegociar los convenios para cerrar las bases extranjeras de Rota y Morón, con alternativas de empleo, y defiende el embargo total de armas a Israel y la autodeterminación del Sáhara Occidental y del Rif.
Trabajo. Propone una jornada de 32 horas sin pérdida salarial, prohibir el turno partido y vincular por ley salarios y salario mínimo a la inflación. Añade medidas de protección al pequeño trabajo autónomo y mayores competencias andaluzas en inspección y gestión laboral.
Conclusión: diferencias en vivienda, empleo y modelo de Estado
Los cinco programas comparten objetivos como mejorar el acceso a la vivienda, la atención sanitaria y la estabilidad económica, pero plantean instrumentos distintos. PP y Vox priorizan rebajas fiscales y facilidades para ampliar la oferta; el PSOE combina inversión pública y regulación; Frente Amplio y Adelante Andalucía proponen mayores límites al mercado y una ampliación del control público.
En empleo y pensiones, las diferencias se concretan en horarios, edades y financiación. El PSOE plantea 37,5 horas y avances negociados hacia las 35; Frente Amplio y Adelante Andalucía fijan las 32 horas como objetivo. PP, PSOE, Frente Amplio y Adelante recogen actualizaciones de pensiones vinculadas al IPC, mientras Vox centra su propuesta de sostenibilidad en productividad, empleo y natalidad.
La comparación también distingue modelos de organización territorial y de acceso a derechos: desde el refuerzo de reglas comunes hasta propuestas federales o confederales, y desde mayores restricciones migratorias hasta procedimientos permanentes de regularización. La diferencia principal reside en el papel que cada formación atribuye al Estado, al mercado y a las comunidades autónomas para alcanzar sus objetivos.






