El sindicato STAJ ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz por los riesgos que, según sostiene, generan las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras mientras las dependencias judiciales próximas mantienen su actividad. La organización solicita una inspección urgente y las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la seguridad del personal y de las personas usuarias.
Según explica el sindicato, las quejas de los trabajadores por las vibraciones del edificio y los elevados niveles de ruido se repiten desde el inicio de los trabajos. A estas molestias se habría añadido la aparición de grietas y posibles deficiencias en los techos que, de acuerdo con STAJ, hacen temer desprendimientos en determinadas zonas de las instalaciones.
La situación afecta especialmente al personal del edificio de la Audiencia Provincial, así como a parte de los órganos judiciales de lo Social, de la jurisdicción de ejecución de títulos no judiciales y del Instituto de Medicina Legal. Todos ellos, señala la organización, continúan con su actividad ordinaria mientras avanza una construcción de gran envergadura.
Seguridad laboral durante las obras de la Ciudad de la Justicia
STAJ afirma que el pasado 9 de septiembre ya advirtió a la Administración competente de la necesidad de una planificación preventiva que protegiera a los trabajadores durante las obras. Según denuncia, hasta el momento no ha recibido información ni respuesta a aquella petición y considera incomprensible que una intervención de este alcance se ejecute mientras los órganos judiciales mantienen su funcionamiento habitual.
El sindicato reitera que la Ciudad de la Justicia de Algeciras es una infraestructura necesaria que lleva años reclamando, pero exige que su construcción sea compatible con la salud y la seguridad del personal. Por ello, pide alternativas reales que permitan mantener el servicio de los órganos judiciales y, al mismo tiempo, completar los trabajos iniciados.
La Audiencia Provincial y el Palacio de Marzales
La organización añade que esta preocupación se suma a las dificultades de adaptación a los Tribunales de Instancia, un proceso que vincula con una carga de trabajo desproporcionada, falta de personal y carencia de medios básicos. En materia de seguridad, distingue entre los riesgos que atribuye a las obras junto a la Audiencia Provincial y la situación del Palacio de Marzales, donde denuncia la existencia de instalaciones perimetradas y apuntaladas.
