El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha fijado un plazo de seis meses para que la Junta de Andalucía decida si incorpora el Centro de La Pólvora a la oferta pública de Formación Profesional. Si no se produce ese paso, el Ayuntamiento avanzará en una licitación para que el inmueble pueda ser gestionado por un centro privado.
El Gobierno municipal comenzará a preparar los pliegos técnicos y jurídicos con la previsión de que el procedimiento pueda concluir con una adjudicación en marzo de 2027. No obstante, Ruiz Boix ha señalado que el proceso podría quedar aplazado si antes de esa fecha la Administración autonómica asume el edificio y se compromete a implantar enseñanza pública de FP.
El alcalde ha calificado de “improrrogable” el nuevo plazo después de una espera que, según ha denunciado, se prolonga desde hace más de cuatro años. El edificio fue construido con una inversión municipal superior a 1,2 millones de euros y continúa sin desarrollar el uso educativo para el que fue proyectado.
Formación Profesional para el tejido industrial de San Roque
El proyecto municipal planteaba inicialmente que La Pólvora funcionara como una extensión del IES Carlos Castilla del Pino, permitiendo ampliar su oferta de Formación Profesional. La propuesta incluía hasta seis ciclos formativos: uno de grado básico, tres de grado medio y dos de grado superior.
Las enseñanzas previstas estaban relacionadas con perfiles demandados por el tejido industrial del municipio, entre ellos calderería, soldadura e instrumentación. Ruiz Boix ha defendido que la selección de los ciclos respondió al trabajo realizado con la comunidad educativa y al análisis de las necesidades de las empresas asentadas en San Roque.
El alcalde también ha citado las nuevas actividades vinculadas al sector industrial, el hidrógeno verde y la actividad offshore como ámbitos que requieren trabajadores especializados. A su juicio, esta demanda hace especialmente necesario ampliar las posibilidades de formación reglada en el municipio.
La Junta de Andalucía tendrá seis meses para asumir La Pólvora
Ruiz Boix ha dirigido su reclamación al Gobierno andaluz y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que responsabiliza del bloqueo de la incorporación del inmueble a la red pública. El regidor asegura que la propuesta municipal ha sido trasladada a distintos responsables autonómicos durante los últimos años.
El edificio terminó de construirse en febrero de 2022. Según ha recordado el alcalde, uno de los motivos planteados inicialmente para no recepcionarlo fue un defecto constructivo cuya reparación requería una actuación valorada en unos 600 euros. La incidencia quedó corregida en 2023, pero el centro sigue sin albergar la oferta de FP prevista.
“Después de cuatro años de espera de un edificio que se va deteriorando del escaso uso, nos vemos obligados a esa licitación privada”, ha señalado Ruiz Boix. El alcalde mantiene que San Roque ya ha cumplido con la construcción del inmueble y reclama ahora una decisión definitiva de la Administración autonómica.
Una posible gestión privada con matrículas gratuitas
En caso de que finalmente se recurra a una gestión privada, el Ayuntamiento no pretende obtener un beneficio económico por la explotación del centro. Sin embargo, al ser obligatorio establecer un canon en la licitación, Ruiz Boix plantea que esa cantidad pueda revertir directamente en estudiantes de familias con menos recursos.
La propuesta municipal contempla un canon de entre 60.000 y 80.000 euros anuales, que podría transformarse en becas, bonos o matrículas gratuitas para jóvenes sanroqueños derivados desde los servicios sociales municipales. Ruiz Boix ha situado el coste medio de un ciclo de grado medio en unos 5.000 euros y el de grado superior en alrededor de 8.000 euros.
El Ayuntamiento mantiene abierta tanto la posibilidad de que La Pólvora funcione como ampliación del Carlos Castilla del Pino, compartiendo dirección y parte de su estructura docente, como su conversión en un instituto independiente. Ruiz Boix ha insistido en que el objetivo es evitar que una inversión pública de más de un millón de euros continúe infrautilizada y conseguir que el edificio tenga finalmente un uso educativo.
