Suspendido el acto de conciliación entre Landaluce y María Jesús Montero por un problema de notificación

El acto de conciliación previsto este jueves entre José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, y María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha quedado suspendido al no haberse podido notificar a la dirigente socialista la fecha y el lugar de la citación judicial. El procedimiento queda ahora pendiente de una nueva convocatoria.

La suspensión afecta a un trámite previo a la posible interposición de una querella por presuntas injurias y calumnias anunciada por Landaluce contra Montero. Según fuentes próximas al alcalde, por el momento no se ha fijado una nueva fecha para la celebración del acto.

La citación había sido acordada por un tribunal de instancia de Madrid para el 4 de junio, después de que el regidor algecireño promoviera una demanda de conciliación como paso previo a una eventual acción judicial.

Demanda de conciliación por presuntas injurias

El origen del procedimiento se encuentra en unas declaraciones realizadas por María Jesús Montero el pasado 13 de enero durante un acto del PSOE. Según el abogado de Landaluce, la dirigente socialista le atribuyó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género.

En la demanda de conciliación, el alcalde reclama una retractación pública, el cese de esas manifestaciones y una indemnización de 200.000 euros. Además, se incluyen posteriores declaraciones de Montero relacionadas con el mismo asunto.

El letrado de Landaluce sostiene que esas referencias omitían que la denuncia había sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado 9 de enero.

Sin fecha para una nueva citación judicial

La imposibilidad de practicar la notificación judicial a María Jesús Montero ha impedido la celebración del acto previsto para este jueves. El procedimiento queda ahora a la espera de que se complete correctamente este trámite y se señale una nueva fecha.

Aunque ni Landaluce ni Montero estaban obligados a comparecer personalmente, la celebración del acto requería la correcta citación de las partes, pudiendo estar representadas por abogados o procuradores.

La suspensión retrasa así el primer paso judicial previsto entre ambas partes antes de que el alcalde decida si formaliza una querella por presuntas injurias y calumnias.

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