La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado públicamente el origen de las declaraciones que han motivado la reclamación judicial de 200.000 euros presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
La ministra señaló que el fundamento de esta cuestión se encuentra en unas palabras pronunciadas durante una comisión interparlamentaria, donde utilizó un término incorrecto al referirse a la situación del alcalde algecireño.
Según explicó, en ese momento dijo la palabra “condenado” cuando en realidad debía haber utilizado “denunciado”, un error que, afirmó, corrigió de inmediato.
Rectificación pública de María Jesús Montero
Montero aseguró que no tiene inconveniente en rectificar públicamente esa expresión y reiteró que el alcalde de Algeciras no está condenado.
La vicepresidenta añadió que volverá a aclararlo cuando se convoque nuevamente el órgano donde se produjo la intervención, señalando que en esa sesión explicará expresamente que la palabra correcta era “denunciado”.
Además, insistió en que ya ha realizado esa corrección de forma pública y que no tiene problema en reiterarla.
Críticas políticas al alcalde de Algeciras
A pesar de esta rectificación, Montero manifestó que considera “insostenible” la situación política del alcalde de Algeciras y afirmó que no va a dejar de expresar su opinión al respecto.
En su intervención, la ministra sostuvo que le parece “lamentable” que Landaluce continúe al frente de la Alcaldía, recordando que, según indicó, su propio partido llegó a suspenderle de militancia.
También señaló que, a su juicio, esta cuestión no se limita únicamente al ámbito judicial, sino que afecta al comportamiento político y a la responsabilidad institucional.
Posición del PSOE sobre la Alcaldía de Algeciras
Montero explicó que el Partido Socialista llegó a ofrecer a sus concejales para facilitar un cambio en la Alcaldía sin que el Partido Popular perdiera el gobierno municipal.
Según afirmó, el objetivo era sustituir al actual alcalde por otro representante del mismo partido, evitando así convertir la situación en un conflicto político mayor.
La ministra concluyó reiterando que no tiene ningún inconveniente en corregir el término utilizado, insistiendo en que se trató de una confusión verbal en el contexto de una intervención pública.
