El equipo de gobierno tarifeño elevará al próximo pleno municipal la propuesta de adhesión al Decreto Ley 1/2025, aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 24 de febrero, con el objetivo de aplicar en el municipio las medidas urgentes en materia de vivienda destinadas a agilizar la construcción y ampliar el acceso a la vivienda protegida.
La orden autonómica establece la promoción de al menos 20.000 viviendas sociales en cinco años, a través de herramientas que facilitan la puesta en marcha de nuevas promociones de VPO y suelos aptos para este tipo de desarrollos.
Entre las medidas incluidas en el decreto se encuentran la conversión de suelos para uso residencial protegido, el aumento de la densidad y edificabilidad en determinadas parcelas y la ampliación de los umbrales de ingresos para que más familias puedan acceder a una vivienda protegida. Además, contempla una inversión de 272 millones de euros destinados a ayudas públicas y financiación preferente.
La Junta de Andalucía ha destacado la necesidad de contar con la implicación de todos los sectores para garantizar el desarrollo del plan, desde las administraciones locales hasta los promotores públicos y privados, así como agentes sociales, colegios profesionales, entidades financieras y empresas de la construcción.
El Ayuntamiento de Tarifa comparte esta visión y se muestra dispuesto a favorecer la creación de nuevos núcleos residenciales de VPO, con el fin de dar respuesta a las familias que buscan acceder al mercado residencial y reforzar la oferta de vivienda protegida en el municipio.
La aplicación del decreto permitirá aprovechar mejor aquellos suelos con capacidad para acoger promociones residenciales, gracias a la flexibilización de parámetros urbanísticos como la densidad y la edificabilidad. Estas medidas buscan acelerar la disponibilidad de vivienda a precios asequibles.
Otro de los puntos clave del decreto es la ampliación de los límites de ingresos, una decisión que permitirá que más ciudadanos opten a una vivienda protegida, adaptándose a la realidad económica actual y facilitando que familias de distintos perfiles sociolaborales puedan beneficiarse de estas políticas.
