El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado con dureza la decisión de la Junta de Andalucía de excluir de las ayudas al alquiler a los inquilinos de viviendas pertenecientes a instituciones o empresas públicas, una medida que considera “injusta y discriminatoria”.
Según ha recordado el regidor sanroqueño, esta exclusión se mantiene desde 2019, impidiendo que los residentes en viviendas públicas puedan beneficiarse de los mismos apoyos económicos que el resto de los andaluces. “Es un varapalo para las familias con menos recursos”, ha señalado Ruiz Boix, quien insiste en que las ayudas “no van dirigidas a los propietarios, sino directamente a los inquilinos que más lo necesitan”.
El alcalde cuestiona la coherencia del Gobierno autonómico, subrayando que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) identifica la vivienda como la principal preocupación de los andaluces. “No se entiende que, con estos datos sobre la mesa, la Junta decida no apoyar el alquiler de viviendas públicas, cuando los beneficiarios son las familias más vulnerables”, lamentó.
Ruiz Boix advierte además de que esta política puede tener efectos disuasorios sobre los Ayuntamientos que planeen construir viviendas destinadas al alquiler, ya que los futuros inquilinos no podrán acceder a las ayudas autonómicas. “Se castiga así a los municipios que apuestan por ampliar el parque público de viviendas”, afirmó.
El regidor sanroqueño acusa al presidente Moreno Bonilla de “castigar a miles de andaluces que viven en viviendas de titularidad pública” por excluirlos de estos programas de apoyo. “No tiene sentido que se discrimine a quienes más lo necesitan, por el simple hecho de vivir en una vivienda pública”, subrayó.
Pese a esta situación, el Ayuntamiento de San Roque continuará con sus planes de construcción de viviendas en alquiler, con el objetivo de reducir las listas de espera de demandantes de vivienda en el municipio. Ruiz Boix reiteró su compromiso con las políticas públicas de vivienda, “aunque la Junta dé la espalda a las familias”.
El alcalde también ha señalado que esta exclusión afecta de forma particular a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género o familias con pocos recursos económicos, que cumplen con todos los requisitos establecidos para recibir ayudas, pero que quedan fuera por vivir en una vivienda pública.
El decreto autonómico, en sus artículos segundo (objeto) y tercero (beneficiarios y requisitos), establece expresamente que no podrán ser beneficiarias las personas arrendatarias cuando la vivienda pertenezca a una administración o empresa pública. Para Ruiz Boix, este apartado es la raíz de una “discriminación institucional” que contradice los principios de igualdad de oportunidades y justicia social.
