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El Grupo Municipal Socialista ha advertido que estará “vigilante” para garantizar el estricto cumplimiento del nuevo protocolo contra el acoso laboral y sexual aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Algeciras, tras años de retraso y a instancias de la Inspección de Trabajo.
La concejala del PSOE Eva Corbacho ha calificado esta actualización como una “buena noticia”, aunque ha lamentado que “llega tarde” y que, además, los grupos de la oposición se hayan enterado de su aprobación “por la prensa”, lo que considera “una nueva muestra de la falta de transparencia” del gobierno local del PP.
Según informó Europa Sur, el acuerdo fue ratificado el pasado 11 de septiembre en el Comité de Seguridad y Salud del Consistorio, sin difusión pública ni información previa al resto de partidos. Corbacho recordó que su grupo ya reclamó la actualización del plan en una moción de Igualdad debatida en el pleno de noviembre de 2024, y criticó que el alcalde, José Ignacio Landaluce, “haya retrasado durante 14 años la adaptación de este protocolo hasta que la Inspección de Trabajo le ha obligado a modificarlo”.
El PSOE ha anunciado que realizará un seguimiento exhaustivo de la aplicación del protocolo para evitar que “acabe siendo papel mojado” y garantizar que se cumpla “en todos sus puntos”. Corbacho pidió al alcalde que dé explicaciones sobre “por qué un tema tan serio como la lucha contra el acoso en el entorno laboral nunca ha sido una prioridad para su gobierno”.
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Entre las principales novedades del protocolo destaca la incorporación de la figura del acoso quid pro quo, en el que la víctima se ve obligada a elegir entre ceder a exigencias sexuales o perder beneficios laborales. También se incluyen conductas como ataques a la vida privada, aislamiento social forzado, violencia digital (difusión de mensajes ofensivos, memes humillantes o grabaciones degradantes en redes sociales) y violencia física. Asimismo, se definen con mayor precisión las conductas de acoso sexual y por razón de sexo, desde bromas obscenas hasta la marginación profesional.
El nuevo plan obliga además a habilitar un canal de denuncias confidencial en la sede electrónica municipal, a crear una Comisión de Atención al acoso y a poner en marcha campañas de información, formación y sensibilización dirigidas a todo el personal. El documento subraya que “la violencia psicológica, el acoso sexual o la discriminación no solo dañan a la víctima, sino que también deterioran el servicio público que se presta a la ciudadanía”.
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