La prisión de Botafuegos, en Algeciras, ha registrado la incautación de 571 teléfonos móviles entre los años 2020 y 2024, una cifra alarmante que refleja una problemática creciente en el sistema penitenciario español. A nivel nacional, se han requisado 12.882 dispositivos en el mismo periodo, 2.884 de ellos solo en el último año, 59 de los cuales fueron detectados en la cárcel algecireña.
La introducción y uso de móviles en prisión representa una seria amenaza para la seguridad interna, ya que permite a los reclusos, muchos de ellos condenados por narcotráfico, violencia de género o pertenencia a bandas organizadas, eludir los controles de comunicación, coordinar actividades delictivas desde el interior y mantener redes criminales activas.
Además, los teléfonos alimentan un mercado negro dentro de las cárceles que provoca deudas, amenazas, coacciones y agresiones entre internos. La sofisticación de los métodos para introducirlos como el uso de drones y la miniaturización de los dispositivos, que escapan a los detectores tradicionales, complican aún más el trabajo de los funcionarios penitenciarios, quienes denuncian la falta de medios adecuados para combatir esta situación.
Desde ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) se reclama una inversión urgente en tecnología moderna, señalando que los actuales inhibidores de frecuencia están obsoletos y solo bloquean redes 3G, ineficaces ante la actual tecnología 5G.
El sindicato insiste en que la solución no puede recaer exclusivamente en los trabajadores, y exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que adopte medidas eficaces para frenar esta amenaza constante a la seguridad y al objetivo constitucional de reinserción social.
