La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, ha anunciado este martes en rueda de prensa la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo contra el alcalde de la ciudad y senador del PP, José Ignacio Landaluce. La denuncia se basa en la supuesta aprobación reiterada, durante más de una década, de facturas vinculadas a su propio negocio privado desde la Junta de Gobierno Local.
Según explicó Arrabal, Landaluce habría aprobado sistemáticamente facturas emitidas por el Centro Médico de Reconocimiento de Conductores del Sur, del que es propietario y cuya participación reconoce en su declaración de bienes en el Senado. Las facturas corresponden al abono de reconocimientos médicos a funcionarios municipales, una mejora laboral contemplada en el convenio del Ayuntamiento desde 2012.
La portavoz socialista considera que esta actuación podría suponer la comisión de varios delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, recogidos en el Código Penal, concretamente en su artículo 439. «No se trata solo de una cuestión de ética, sino de legalidad. Aprobar pagos públicos a su propio negocio es un claro conflicto de intereses», denunció.
Durante la rueda de prensa, Arrabal mostró documentación que incluye actas de la Junta de Gobierno Local, donde aparece el voto favorable del alcalde a la aprobación de estas facturas. «Hablamos de hechos reiterados en el tiempo, que se remontan a 2012 y que se han mantenido hasta hoy», aseguró, mostrando copias de las actas y facturas correspondientes.
La dirigente del PSOE subrayó que la ley obliga a los alcaldes a abstenerse de participar en decisiones donde tengan intereses personales o económicos, algo que, según denunció, Landaluce no ha hecho. También recalcó que «existían alternativas, como licitar el servicio o abstenerse en las votaciones, pero el alcalde optó por seguir beneficiándose directamente».
Por su condición de senador, Landaluce goza de aforamiento, motivo por el cual la denuncia ha sido presentada directamente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. “Que sea la justicia la que determine si hay responsabilidades penales”, afirmó Arrabal.
La socialista acusó al gobierno local del PP de “estar más ocupado en ocultar documentación, difamar e insultar que en gobernar”. Y concluyó: “La corrupción puede estar en cualquier institución. Lo que diferencia a unos partidos de otros es cómo actúan ante ella. Nosotros, desde el PSOE, la denunciamos y la combatimos. Otros, la tapan o la justifican”.
